Opinión

El IRP debe contribuir a la igualdad social

Iván Lisboa – ilisboa@uhora.com.py

Iván Lisboa Por Iván Lisboa

Esta semana se inicia la discusión “fuerte” sobre el impuesto a la renta personal (IRP) en el seno de la Comisión Técnica Tributaria, de acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Hacienda días atrás.

El Gobierno Nacional decidió dejar el debate sobre este gravamen para lo último. Es que, desde su vigencia allá por el 2012, este tributo que gravan –en teoría– las ganancias de las personas, no dejó de crear enfrentamientos entre el sector privado y el Ejecutivo, situación que se agravó en los últimos años, producto de la elaboración de dudosas reglamentaciones y de los repentinos cambios de postura.

En esta ocasión, el Gobierno aparentemente tiene clara la película: el IRP debe pasar de ser un impuesto débilmente formalizador a uno inclementemente recaudador.

Sin embargo, sería inoportuno que la Administración Estatal utilice este precepto para afectar a aquellos que tienen menor poder adquisitivo, como, por ejemplo, la idea de que ya sean contribuyentes aquellos cuyos ingresos en un año sean de G. 50 millones, como indica el documento base que se puso a consideración de la Comisión Tributaria (www.ultimahora.com/c2790384).

Tampoco sería agradable que las personas jubiladas o con retiro, quienes se supone que trabajaron al menos hasta los 55 años y tuvieron un mínimo de aporte de 25 años, no puedan disfrutar de sus ahorros y lleven nuevamente sobre sus espaldas una nueva carga (www.ultimahora.com/c2781199).

La doctrina impositiva internacional señala que el IRP es uno de los impuestos que más contribuyen a la igualdad social en un país, porque –y de nuevo en teoría– grava a las personas que más tienen y redistribuye lo gravado en favor de los que menos poseen; entiéndase en salud pública, educación, caminos, servicios públicos, etc.

En nuestro país, se da totalmente lo contrario. Mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), el más recaudador del país, es sostenido en un 38% por los deciles más pobres y solo en un 3% por los más ricos (Cadep, Nota de Política 16, 2014); el IRP, que gravó a aquellos que ganan más de G. 8 millones en 2018 representó solo el 2% del total recaudado ese año.

Si a eso se agrega que la tasa efectiva de la renta personal es apenas del 1,6%, de un arancel de entre el 8 y 10% fijado en la ley, el problema evidentemente no pasa por las tasas, el rango incidido ni la falta de contribuyentes.

El inconveniente más duro al que se enfrenta la Administración Tributaria tiene nombre y apellido: inversiones y gastos. Las deducciones permitidas actualmente en la ley en estos dos conceptos, con la historia de que ayudarían a la formalización del país, parece ser más resultado de un apretón de manos entre poderes fácticos que una regulación que busca una equidad real.

Es una realidad también que el Estado está cada año más apretado y con más necesidades. Mientras la región crece en coberturas de salud, en educación y en infraestructura para beneficio del común, nuestro país solo crece en su macroeconomía, mientras que la salud se cae a pedazos, la educación es cada vez más pobre y la infraestructura está cada día más rezagada en relación con nuestros vecinos.

“El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, reza una frase atribuida al filósofo griego Aristóteles. Mientras el sistema tributario siga castigando a los ciudadanos con menores ingresos y beneficiando a los de mayores ingresos, la igualdad seguirá siendo una utopía.

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