El oficialismo, que tiene la mayoría de los escaños de diputados, aceptó cambiar quince artículos de la reforma propuesta por el Gobierno de Cristina Fernández con el fin de asegurarse el mayor apoyo posible a la iniciativa, que rechazan las principales fuerzas de la oposición y ha impactado negativamente en los mercados.
El oficialismo, que tiene la mayoría de los escaños de diputados, aceptó cambiar quince artículos de la reforma propuesta por el Gobierno de Cristina Fernández con el fin de asegurarse el mayor apoyo posible a la iniciativa, que rechazan las principales fuerzas de la oposición y ha impactado negativamente en los mercados. EFE | Ampliar imagen
Los cambios consensuados con otras fuerzas políticas “mejoran y enriquecen al proyecto”, aseguró hoy Agustín Rossi, jefe del grupo de diputados del oficialista Frente para la Victoria, fracción que controla al Partido Justicialista (peronista).
Rossi sostuvo que la jefa del Estado “está muy conforme” con esos cambios, que según fuentes parlamentarias incluyen mayores controles para impedir que los fondos de la jubilación privada sean usados para el gasto público o el pago de la deuda soberana.
El también diputado oficialista José María Díaz Bancalari vaticinó a su vez que la reforma “seguramente” será aprobada por la llamada cámara baja, donde “tiene el consenso mayoritario”, como coincidieron analistas políticos en vista de la flexibilidad que mostró el Gobierno en este asunto.
De todos modos, algunos diputados oficialistas expresaron su disidencia con esta reforma, que pone fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creadas a mediados de 1994, y que además, rechazan la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, segunda y tercera fuerzas parlamentarias, respectivamente.
La iniciativa también es rechazada por la coalición conservadora Propuesta Republicana, que al igual que las otras fuerzas opositoras sostiene que el Gobierno apunta a apropiarse de los fondos de las diez AFJP del país para engrosar las cuentas del Tesoro.
También están en contra del proyecto líderes religiosos y de asociaciones agropecuarias, que hoy por la tarde harán una marcha hasta el Parlamento para manifestar su repudio a la reforma.
Los fondos de pensiones, que cuentan con 9,5 millones de afiliados e inversiones por unos 30.000 millones de dólares, están en manos de bancos y aseguradoras de capital argentino, español, holandés y estadounidense.
El Gobierno de Fernández logró el apoyo de legisladores de centro izquierda y socialistas al aceptar que la creación de comisiones de control de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), a la que se propone transferir los fondos de la jubilación privada.
También se incluyó un cambio que prohíbe a la ANSES hacer inversiones en el exterior.
El proyecto de reforma “está bastante completo con todas las modificaciones que se le han hecho, contempla las miradas de muchos sectores” parlamentarios, aseguró Rossi.
El Gobierno de Fernández sostiene que la urgencia de la reforma se debe a la fuerte caída de la rentabilidad de las AFJP, que tienen el 55 por ciento de sus inversiones en bonos soberanos y otro 14 por ciento en acciones de empresas, entre ellas 14 que forman parte del Merval, panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Las autoridades señalaron que las inversiones de los fondos de pensión han sido castigadas por la crisis financiera internacional, pero la oposición y varios expertos sostienen que el Gobierno tiene su parte de responsabilidad por provocar una incertidumbre que ayudó al desplome de los precios de los bonos soberanos.
Las AFJP fueron obligadas a repatriar inversiones por unos 600 millones de dólares colocadas en el resto de los países del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay, y Venezuela en proceso de adhesión), la mayor parte de ellos colocadas en el mercado de capitales brasileño.
Aunque las fuerzas políticas de la oposición coincidieron con que el régimen de jubilación privada dio los frutos que se esperaban hace catorce años, afirmaron que el Gobierno pretende sumar recursos para poder hacer frente a abultados pagos de la deuda exterior en 2009, que será, además, año de elecciones legislativas.