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BUENOS AIRES, ARGENTINA
La presidenta argentina Cristina Fernández juega a partir de hoy en el Congreso una de sus más fuertes apuestas desde que llegó al poder hace un año, al iniciarse el debate de un plan que transfiere al Estado los multimillonarios fondos privados de pensiones.
El oficialismo confía en que su sorpresiva propuesta, que implica que el Gobierno pasará a administrar unos 25.000 millones de dólares, logrará sortear ambas cámaras del Congreso aún cuando su mayoría se resquebrajó en los últimos meses.
Para suavizar el proceso, el bloque oficialista de Diputados cedió el martes en algunos puntos objetados por legisladores de la oposición, lo que le permitió tener su apoyo y enfrentar el debate con mayor seguridad.
El Gobierno busca reaseguros para evitar cualquier atisbo de una reedición de la dura derrota que sufrió en julio en el Senado al intentar la aprobación de un proyecto de alza de impuestos a las exportaciones agrícolas. Tras un dramático empate, el propio vicepresidente votó en contra del plan y echó por tierra la apuesta oficial.
DEUDA EXTERNA. Pero esta vez la cohesión entre sus aliados, el consenso parcial de la oposición sobre la conveniencia de que el sistema de pensiones sea estatal y la predisposición a aceptar cambios al proyecto son la carta fuerte de la presidenta.
El plan es visto por analistas como un desesperado intento del Gobierno por hacerse de fondos que le permitan pagar los abultados vencimientos de deuda en el 2009, en momentos en que los mercados de crédito están cerrados en todo el mundo por la crisis financiera global.
Los mercados rechazaron la iniciativa porque temen que la desaparición de los fondos de pensiones, los mayores inversores institucionales del país, deje sin volumen a la plaza bursátil.
A continuación, algunos de los posibles escenarios que podrían darse para esta ley: La iniciativa podría atravesar sin cambios en Diputados, donde el oficialismo posee la mayoría simple, pero el Gobierno deberá superar un desafío mayor en el Senado si quiere que el proyecto sea aprobado virtualmente intacto.
De generarse este escenario, la Casa Rosada se anotará una victoria mayor que podría renovar una gestión que aparece desgastada mientras que los bloques de la oposición más cerrada tendrán que volver a trabajar a la sombra del oficialismo.
CON CAMBIOS. Es la opción más probable. La trascendencia que tiene el proyecto para el Gobierno, tanto conceptualmente por su sesgo estatista como económicamente por el volumen de dinero que involucra, obliga al oficialismo a guardarse margen de maniobra para aceptar modificaciones y lograr sacar la ley.
La discusión sobre las modificaciones estará centrada en el destino de los abundantes fondos que podrían pasar a la administración pública y en los sistemas de control encargados de velar por el dinero de las jubilaciones.
RECHAZO. Es la posibilidad más lejana debido al acompañamiento parcial que prometieron algunas fuerzas de la oposición y al abroquelamiento del oficialismo en torno a la propuesta, algo que le faltó en el conflicto con el sector agropecuario.
Cualquier eventual tropiezo de la iniciativa oficial podría darse en el Senado, donde la relación de fuerzas es más apretada.
NUEVAS PROTESTAS
La oposición liberal, derechista y radical socialdemócrata, apoyada por patronales agropecuarias, protestaban ayer con un mitin frente al Congreso contra el proyecto gubernamental de estatización de los fondos de pensión por considerarlo confiscatorio. El acto congregaba a las mismas fuerzas que pusieron en vilo al gobierno de Cristina Kirchner hasta julio, cuando fue derrotado en el Parlamento un proyecto oficial para aumentar impuestos a las exportaciones alimentarias, tras 128 días de protesta agraria. La batalla contra el alza de tributos inyectó vigor a una dividida y adormecida oposición e hizo emerger liderazgos del sector agropecuario, que ayer se movilizaban para protestar contra la estatización de las jubilaciones. “El kirchnerismo sólo busca la caja (jubilatoria) y construir poder con dinero”, dijo sobre el proyecto Alfredo de Ángeli, el más popular de los líderes agropecuarios. Las administradoras cuentan con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son contribuyentes efectivos, ya que los restantes no cumplen con las contribuciones por evasión de las empresas o de los autónomos.