El fiscal del Medio Ambiente Ricardo Merlo imputó ayer a Ernesto Escobar, gerente de Planificación del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), en el marco del proceso que investiga en el caso de las semillas de algodón.
Escobar es el tercer funcionario público procesado junto a Amado Ayala, ex presidente de CAH, y Javier Palacios Silva, encargado de la Unidad de Contrataciones de la misma institución. También fueron imputados los acopiadores Arnaldo Sánchez y Rufino Aquino. Estos dos últimos se encontraban inhabilitados para recibir las bolsas de semillas y los tubos matapicudos debido a la falta de presentación de los documentos requeridos.
IMPLICADOS. Merlo aclaró que en los próximos días también sería imputado José Domingo Colmán, gerente administrativo del Crédito Agrícola.
El Ministerio Público solicitó además informes sobre Santiago Medina, Ceferino Molina, Adriano de la Cruz Alvarenga, Nelson Gerardo Gaona, Isidro Villalba Cañete y Leocadio Sachelaridi, miembros de la Coordinadora Agrícola de Caaguazú. Se comprobó que ninguna de estas personas debió recibir las semillas.
El agente fiscal interviniente explicó que organizó dos equipos para continuar con la investigación. Uno en el campo operativo, que se encargará de rescatar las bolsas de semillas con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el otro para cotejar los documentos.
El CAH fue la institución que tuvo a su cargo la compra de las semillas de algodón en un procedimiento que fue objetado por la Dirección de Contrataciones Públicas por no adecuarse a las normas establecidas en ley. Sin embargo se desoyó el reclamo de esta dirección y la compra se concretó. A esto hay que agregar el hallazgo de las bolsas de simientes en diferentes depósitos del interior del país que no fueron entregadas a los productores. Se presume que la idea de la retención de las bolsas era para lograr un beneficio superior con el pago de los subsidios.
PADRÓN DEPURADO. El ministro Alfredo Molinas informó ayer que están llevando adelante un proceso de depuración del padrón de algodoneros para lo cual se han cruzado tres padrones anteriores. A través de esta revisión se ha detectado la existencia de unas 2.000 personas con cédulas falsas, otros 300 ya fallecidos y fueron inhabilitados cerca de 13.000 supuestos productores.