Si algo tiene de interesante la cercanía de unas elecciones es que constituye un momento privilegiado para enterarnos de cosas que en otras épocas se guardan bajo siete llaves. En el afán de golpear al contrario político y tratar de anular sus chances de ser electo, los muchachos (y algunas chicas) del poder se sacan la mierda en un festival de trapitos sucios. Esto muestra el pésimo nivel de la política criolla, en que resaltan más las peleas internas que las propuestas de gobierno. Solo hay que entender cuánto de lo que se expone es real y cuánto es solo inventado o inflado mediáticamente.
A Miguel Prieto, el ex intendente de Ciudad del Este que tuvo apreciable gestión, tras haber sido electo por breve tiempo en el proceso ciudadano que llevó a la histórica caída del clan Zacarías de su feudo político fronterizo, le están dando con todo, buscando frenar su potencial campaña a la intendencia esteña. La última acusación es que favoreció en contrataciones millonarias al empresario Elio Cabral Rodríguez, hijo del ex aduanero y caudillo colorado Elio Cabral, presuntamente violando la ley de contrataciones públicas.
En el ámbito de las elecciones altoparanaenses, los candidatos se tiran con munición gruesa. En un reciente debate público, Prieto acusó a sus oponentes de ser financiados por el narcotráfico, aunque se negó a dar nombres y pruebas. Días después, fue su principal enemigo político, el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún quien acusó que el candidato a intendente de CDE de su propio partido, Ulises Quintana, es quien financia su campaña con fondos del narcotráfico. Quintana está procesado por varios delitos relacionados al tráfico de drogas y fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos.
En casi todos los pueblos y ciudades del Paraguay se reflotan acusaciones contra ex intendentes y ex concejales que ahora buscan administrar los municipios, pero el escándalo mayor se vive en estos días en Asunción, en donde el director de Aduanas, Julio Fernández, denunció al senador colorado Martín Arévalo, ex precandidato a intendente capitalino por el movimiento Fuerza Colorada Auténtica, por supuesto tráfico de influencias y busca llevarlo ante la Justicia, exhibiendo conversaciones de WhatsApp, en los que Arévalo exigía nombrar a funcionarios en puestos claves y pedía liberar cargas de contrabando de un empresario árabe de Ciudad del Este.
Esta pelea de ligas mayores trasciende a los comicios municipales, para enmarcar la puja por el poder interno del coloradismo para las presidenciales de 2023. Arévalo sigue siendo senador de Colorado Añetete (movimiento liderado por el actual presidente Mario Abdo Benítez), pero se ha venido abriendo al disputar con el precandidato oficialista a la intendencia, Dani Centurión, y se movía operando más cerca del cartismo. El director de Aduanas, hombre de confianza de Abdo Benítez, no habría decidido ir contra Arévalo sin tener directivas precisas del primer mandatario.
Aunque se hable de operación cicatriz y de abrazos republicanos, Cartes y Abdo Benítez mantienen una fuerte guerra política subterránea, en donde se juega la continuidad del poder en el 2023. El resultado de las elecciones municipales del 10 de octubre definirá hacia dónde va el destino político del Paraguay post pandemia. Seamos conscientes de ello, mientras nos divertimos con este festival de los trapitos sucios al sol.
