El TSJE tomó esa resolución basándose en la Constitución, que prohíbe que quien ha sido presidente del país se presente a un segundo mandato, y tras la acción judicial presentada en noviembre ante ese tribunal por el gobernante Partido Colorado, que consideraba que Lugo estaba haciendo campaña para las presidenciales de 2018.
A ese respecto, Lugo declaró que “será la Corte Suprema de Justicia la que en el última y única instancia dirá si nuestra candidatura goza de la habilitación constitucional o no”.
Lugo subrayó, en una rueda de prensa en el Senado, que con el dictamen del TSJE “quieren también matar al deseo ciudadano de retomar políticas de Estado y políticas sociales, sobre todo”.
Por su parte, el asesor jurídico de la formación política de Lugo, Marcos Fariña, advirtió que si bien el TSJE dictaminó que cualquier propaganda electoral está prohibida fuera de época de campaña, se estaría juzgando además la supuesta figura de Lugo como candidato, “lo cual no se encuentra dentro del marco tipificado”.
Fariña señaló que por ese motivo es “totalmente ilegal, no corresponde y está fuera de las atribuciones y el alcance” del TSJE manifestarse en relación a la figura de la reelección.
El Frente Guasu anunció el pasado marzo que decidió promover la candidatura de Lugo para las elecciones presidenciales de 2018 “por la mejor vía legal que la legitime”.
Por su parte, el gobernante Partido Colorado instó en noviembre a sus apoderados a promover acciones judiciales contra la campaña de Lugo, y defendió que se encuentra “inhabilitado” para postularse de nuevo al cargo.
La resolución del TSJE llega cuando se debate en Paraguay modificar la Constitución para facultar la reelección presidencial, un tema instaurado en la arena política por el Partido Colorado.
El sector mayoritario de esa formación, el que apoya al actual presidente, Horacio Cartes, como hipotético candidato a las presidenciales de 2018, asegura que ello puede hacerse a través de una enmienda constitucional, que incluye un referéndum.
Sin embargo, el Partido Liberal, el principal de la oposición, mantiene que es la reforma constitucional la única forma de habilitar la reelección presidencial, al tiempo que acusa al Partido Colorado de propiciar “un quiebre institucional” por defender la enmienda.
Lugo fue destituido en 2012 en un juicio parlamentario por “mal desempeño de sus funciones” tras la denominada masacre de Curuguaty, en la que murieron 17 personas en un desalojo de campesinos.
