El Estado paraguayo perdió al menos USD 6,6 millones a lo largo de los últimos 5 años por su inacción a la hora de efectivizar las pólizas de seguro en casos de incumplimiento o rescisiones de contratos con proveedores. Desde 2009 hasta 2013, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) registra un total de 124 casos en los cuales el sector público debió haber ejecutado las garantías y por diferentes motivos no lo hizo.
Esta situación genera un daño patrimonial para el Estado que todavía es difícil de calcular en su totalidad porque Contrataciones no está en conocimiento aún de todos los casos de pólizas vencidas en las diferentes entidades.
Por ejemplo, la Procuradoría General de la República (PGR) informó a ÚH de otros 8 casos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el periodo comprendido entre 2008 y 2010 –correspondiente al Gobierno de Fernando Lugo– que no eran de conocimiento de la DNCP.
Sumando todos los montos de los diferentes tipos de pólizas que no fueron cobradas se alcanza la suma de USD 6,6 millones, que es lo mínimo que el Estado paraguayo dejó de cobrar por desidia de los responsables de las Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de las diferentes reparticiones públicas, que podían reclamar el seguro.
anticipos. Un aspecto resaltante es que la mayoría de los contratos establece un anticipo a los proveedores, que puede oscilar entre 20% y hasta 50% en algunos casos particulares. Lo llamativo es que en estos casos se establece una póliza de anticipo por el monto total del mismo que, en caso de haber incumplimiento o rescisión, debe ser ejecutada, para evitar el daño patrimonial al haber desembolsado un adelanto por una obra que no se hizo o un servicio que no se prestó.
La Gobernación de Alto Paraná, el Comando de las Fuerzas Militares, Senavitat y Senacsa –por ejemplo– pagaron anticipos de montos superiores a los G. 1.000 millones y no ejecutaron las garantías pese a que los contratos finalmente no se cumplieron. Todas las pólizas de anticipo que el Estado no cobró suman USD 3,5 millones, más del 50% del total sin ejecutar.
una parte. “Esto es parcial, no sabemos cuál es el porcentaje (sobre el total) porque no hay un sistema para cuidar la última barrera de defensa del Estado en materia de perjuicio patrimonial; después te quedan las demandas, pero no vas a ganar una demanda en 5 años, va a durar 10 años en ganar una demanda y cobrar efectivamente. La idea es que la póliza te cubra el riesgo inmediatamente”, explicó el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz.
El mismo manifestó que actualmente están trabajando en un sistema automatizado que permita servir de recordatorio permanente para las diferentes entidades públicas del país, de modo a colaborar a la hora de efectivar los diferentes tipos de pólizas de seguro, obligatorias en la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas.