Editorial

El Estado debe facilitar el acceso del ciudadano al agua potable

El agua potable es vital para nuestra salud, por lo que su adecuado tratamiento es también fundamental para su consumo. En un informe del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) se dio a conocer que nada menos casi 1.500.000 personas de la población que tiene acceso a agua corriente la reciben sin procesamiento sanitario apropiado. También se deduce que cerca de 900.000 personas ni siquiera la obtienen por este sistema, sino que lo harían de pozos, arroyos y ríos. Números elevados que denotan un riesgo para la salud y que urgen que el Estado facilite este derecho humano básico.

En las áreas rurales, en especial en las compañías y los asentamientos, el acceso al agua potable sigue siendo toda una travesía, habida cuenta de que el Estado no llega a esos lugares lejanos y que los pobladores deben vérselas con sus propios medios para proveerse de pozos u otras fuentes como los arroyos y ríos. En muchos casos, ante la situación, deben hervirla para purificarla. Incluso, la ciudad más importante después de Asunción, como lo es Ciudad del Este, también sufre de un deficiente suministro del líquido.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en el 2010 el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento y que todas las personas tienen derecho a disponer de agua suficiente, salubre y asequible para uso personal y doméstico.

Según la ONU, el agua no potable y el saneamiento deficiente son las principales causas de mortalidad infantil. La diarrea infantil –asociada a la escasez de agua, saneamientos inadecuados, aguas contaminadas con agentes patógenos de enfermedades infecciosas y falta de higiene– causa la muerte en el mundo de miles de niños al año. La mayoría de ellos menores de cinco años en países en desarrollo.

En Paraguay, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios ( Erssan) brindó datos sobre la cobertura de agua potable a nivel país. En ese sentido, describió que el 23% de la población que tiene acceso a agua corriente la recibe sin tratamiento sanitario adecuado, lo que significa que 1.489.609 personas consumen el vital líquido sin tratar. La población con acceso a agua potable verificada con desinfección es de 4.986.954. Teniendo en cuenta estos números también se deduce que cerca de 900.000 personas deben proveerse de otras fuentes.

Los indicadores reflejan claramente la situación precaria en que se encuentran pobladores del Chaco. En el Departamento de Boquerón el servicio de agua por redes es de solo el 14,9%, en Presidente Hayes es del 58,4% y en Alto Paraguay, donde figura el mayor porcentaje en la Región Occidental, es del 86%.

En la Región Oriental, la cobertura más baja es en el Alto Paraná, con el 54,6%. No deja de llamar la atención que en este departamento, su capital, la poderosa Ciudad del Este, tenga una cobertura de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) de tan solo el 30%. Parte del déficit es cubierto por las aguateras; sin embargo, en gran medida los barrios esteños se manejan con pozos artesianos. Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú, igualmente, se encuentran en una tremenda precariedad en cuanto al acceso de este servicio básico.

Otro de los problemas que se suscitan en cada verano son los cortes de agua, por lo cual los reclamos son frecuentes contra la Essap y las aguateras. Considerando estos requerimientos en esta época del año, urge una solución y que las medidas de contingencia aseguren el suministro no solo en Asunción y Gran Asunción.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es menester que el Gobierno Nacional, por medio de los entes correspondientes, llegue a más beneficiarios con el vital líquido saludable, considerando que es un derecho humano básico al que necesitan acceder pobladores de todos los niveles sociales.

Más inversión en infraestructura posibilitará que ese objetivo pueda ser desarrollado, asimismo, en comunidades muy pobres y muchas veces olvidadas por los gobernantes de turno. El acceso al agua potable es sinónimo de mejoramiento de la calidad de vida que debe ser acompañado y facilitado por el Estado.

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