En otra vergonzosa actitud, la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados se muestran dispuestos a enfrentar la indignación ciudadana ante los hechos de corrupción, planteando una nueva ley de doble autoblindaje que haga mucho más difícil la pérdida de investidura ante casos comprobados de corrupción, evitando de este modo que puedan volver a ocurrir casos como el del senador colorado Óscar González Daher, descubierto a través de grabaciones telefónicas en graves delitos de tráfico de influencias, a quien tuvieron que echar en dos ocasiones del Congreso para acabar preso e imputado, o de otros legisladores como el senador oviedista Jorge Oviedo Matto o el diputado colorado José María Ibáñez, quienes fueron obligados a renunciar a las funciones legislativas ante su comprobada participación en hechos de corrupción.
Ante una situación similar enfrentada por el diputado Carlos Portillo, del sector oficialista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien desde hace un año permanece imputado por tráfico de influencias, delito comprobado por grabaciones telefónicas, y contra quien ahora la Fiscalía presentó acusación y decidió elevar el caso a juicio oral, este martes la Cámara de Diputados aprobó en general, por 43 votos a favor y 30 en contra, un cuestionado nuevo proyecto de ley, que salió del seno de una comisión especial, que establece un sistema de doble blindaje para la pérdida de investidura de los legisladores. Es una acción cómplice a favor de Portillo y de otros legisladores bajo la mira de la Justicia.
Anteriormente, por simple mayoría de votos (la mitad más uno de los presentes) se podía activar el proceso de pérdida de investidura. Con la normativa aprobada, se requerirá una mayoría absoluta de 41 votos en Diputados y 23 votos en el Senado. Además, establece que para presentar un pedido de pérdida de investidura se precisarán 33 firmas en Diputados y 19 en el Senado.
Igualmente plantea que cada Cámara, por mayoría absoluta, resolverá enviar los antecedentes del caso al Tribunal Electoral de la Capital, que puede ser apelable ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la decisión final podrá recaer en los tres ministros de la Justicia Electoral. También abre la posibilidad de que en el caso de tráfico de influencias se exija la condena previa para proceder a la expulsión de un legislador, por más evidente que sea el delito.
De este modo, el proyecto aprobado a medias en Diputados tiene elementos claramente anticonstitucionales, ya que inventa una atribución al Tribunal Electoral e incorpora la posibilidad de exigir la condena previa sobre el delito de tráfico de influencia.
La acción legislativa constituye un doble autoblindaje en favor de los legisladores corruptos, consagra la impunidad e implica otra bofetada ante los reclamos de justicia y transparencia de la ciudadanía.
