El legislador mencionó que la normativa prevé inhabilitar o incapacitar de forma permanente a una persona física o moral hallada culpable, con sentencia firme y ejecutoriada, por hechos de corrupción.
El proyecto aún no está listo, pero precisó que “la inhabilitación permanente, o muerte civil, se dará de acuerdo con la gravedad del hecho de corrupción comprobado y afectará a cualquier ciudadano, a funcionarios públicos y a políticos”. Agregó que las prohibiciones irán desde concursar o ejercer un cargo público, participar en licitaciones, arrendamientos, obras públicas o servicios, es decir, ya no podrá tener ningún tipo de trato o relación con el Estado, eso más allá de la sentencia en lo penal. “En Paraguay las condenas son hasta 10 años por hechos de corrupción y necesitamos una condena más ejemplificadora”, sostuvo y comentó que en Perú se impone este tipo de sanciones ya que la corrupción es considerado como uno de los delitos más graves.
