Opinión

El desgobierno colorado y el pacto de impunidad

Miguel H. López – En TW: @miguelhache

Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, presidente y vicepresdente del Paraguay, en este momento gozan de la peor reputación en el país y en toda la región sudamericana (ni Macri o Bolsonaro, que ya es mucho). Si bien el martes fueron salvados del juicio político mediante un pacto de impunidad con grupos internos colorados, en la práctica, en todas partes, son reconocidos como vendepatrias. Traidores a causas sentidas y profundas de la soberanía nacional en Itaipú.

Aunque hayan salvado el pellejo de ser llevados a un tribunal en el Parlamento y enfrentar los cargos y la posible censura a sus mandatos, para el común de la gente son culpables de toda culpabilidad. El hecho de que una componenda impregnada de prebenda, tráfico de influencia y de cesiones de poder y cargos los tenga momentáneamente fuera del alcance de un juicio político, el veredicto de la gente es claro. En un pacto secreto firmado con Brasil entregaron la soberanía energética a los intereses vecinos y a las empresas ligadas al presidente Jair Bolsonaro. Son culpables Mario Abdo y Hugo Velázquez. Por haber consentido y articulado todo el procedimiento. El primero por haber incluso forzado situaciones para concretar el secreto acuerdo y el segundo por haber sido negociador, directo e indirecto, con los empresarios brasileños para que se quedaran con la venta de la energía paraguaya en el mercado vecino.

Todos los verborrágicos artilugios esgrimidos en el pleno de Diputados para salvar a ambos, que además cometieron delitos de lesa Patria, que rebasan el ámbito político y se ubican en lo jurídico, no se los creen ni los propios colorados. Prueba de ello es que la impopularidad del actual Gobierno, encarnado en la dupla, está en los puntos más bajos conocidos en la etapa de transición.

Por más de que el dimitido ex canciller Luis Castiglioni –ejecutor y cómplice del fraudulento acuerdo bilateral sobre Itaipú– busque ahora culpar al equipo de comunicación de la Presidencia y no al presidente y al vicepresidente –que le incluye– por sus actos delictivos en este caso, los cargos son innegables.

El hecho de que un gobierno antes de cumplir un año en el poder haya agotado su reserva de credibilidad y apoyo genuino, significa además que la crisis no acabará. Los problemas se agudizarán, ya que Mario Abdo es un presidente sin ninguna capacidad ni talento; su gobierno es extendidamente improvisado, sin plan ni rumbo, y ahora queda como satélite del poder del ex presidente Horacio Cartes –por el pacto de impunidad– que también fue un mandatario pusilánime y entreguista. Nadie olvida el acuerdo leonino en Yacyretá con la Argentina.

Mientras la carpeta del juicio político queda archivada en el Legislativo, lo que viene ahora no será ni la gobernabilidad ni el mejoramiento del país en lo socioeconómico ni en lo político. El presidente no tiene capacidad para gobernar –está meridianamente demostrado– y su vicepresidente solo está ocupado en negociaciones en la sombra, para su sector. El bienestar de la población se la pasan por el empeine.

La mayor o menor estabilidad no estará dada por la gestión de los gobernantes, sino de cuánto la oposición y la población presionen para que la institucionalidad del país sea mínimamente restablecida. ¿Quiénes la rompieron? Mario Abdo, principalmente. Por su inconducta e incapacidad al frente del Ejecutivo. No es como dice su entorno que los que reclaman el juicio político son los culpables. La causa se origina en el acto irregular e ilegal del presidente y su vice. Amerita un juicio político a ambos, las razones son suficientes y en este caso sí son de público conocimiento. Además, el juicio político no amenaza la democracia, como advierten. Al contrario, es un mecanismo altamente democrático para castigar a los traidores a las causas nacionales y a la falta de honestidad en el Gobierno y en la administración del Tesoro público.

Son culpables, aunque los legisladores colorados quieran mentirnos una y otra vez...

Dejá tu comentario