El nuevo gobierno se encontrará con una compleja situación económica. A nivel internacional, la demanda ralentizada, lo que contribuyó a disminuir el ritmo de crecimiento al que estuvimos acostumbrados por casi una década. Este nivel de crecimiento tiene poco efecto en el empleo y la pobreza, por lo que el cambio en el modelo es un imperativo si el objetivo es avanzar hacia el desarrollo. A nivel nacional, la pobreza y la desigualdad persisten, el desarrollo productivo es todavía una aspiración lejana y el endeudamiento responsable está llegando a sus límites.
La transformación productiva exige políticas industriales y laborales, mayor calidad de las políticas agropecuarias y educativas, infraestructura productiva, energética y social. Algunas de estas políticas ni siquiera existen, por lo que hay que diseñarlas e iniciar su implementación.
La reforma educativa es impostergable. En primer lugar por su rol en la construcción de una ciudadanía autónoma y democrática, comprometida con el bienestar propio y de los demás; en segundo lugar por su impacto en la construcción de un país con menores niveles de pobreza y desigualdad; y en tercer lugar porque permitirá mejorar las condiciones de producción, trabajo e inserción internacional.
El financiamiento de estas políticas necesita recursos genuinos. El endeudamiento no se puede extender indefinidamente en el tiempo y Paraguay ya está llegando al límite de su capacidad. Además de que no se conoce la estrategia para saldar los compromisos una vez que lleguemos a los vencimientos. Si el nuevo gobierno es responsable con las finanzas públicas no podrá esquivar la necesidad de iniciar una reforma tributaria, necesaria no solo para financiar el cumplimiento de sus promesas electorales, sino también para generar el fondo necesario para pagar la deuda.
La renegociación de los dos tratados expondrá la inteligencia, integridad y transparencia del nuevo equipo gubernamental. Las empresas binacionales no solo son una fuente de recursos financieros y de energía, sino también un símbolo de la soberanía nacional. La recuperación de la misma exige un fuerte compromiso con el país.
La soberanía territorial también está puesta en entredicho. La extranjerización de las tierras en las zonas de frontera, en abierta violación a las normas vigentes, presionará a las nuevas autoridades a tomar un posicionamiento. A la par, deberán tomar cartas en la distribución de la tierra, que ubica a Paraguay entre los países de mayor desigualdad en el mundo y que constituye el principal foco de conflicto.
Estos desafíos no son menores. El gobierno que se va no inició ninguna de las reformas estructurales que se requerían. En ese sentido fueron 5 años desaprovechados, tiempo que en parte deberá recuperarlos el equipo cuyo trabajo empezará hoy mismo. Si este equipo se compromete con el país, tendrá el enorme desafío de diseñar una hoja de ruta cuyos resultados irán mucho más allá de su periodo de gobierno. El desarrollo del país exige reformas estructurales que solo serán posibles con valentía y capacidad.
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