La inseguridad se tiñó de sangre con el asesinato de la influencer Vita Aranda a quien las balas del sicariato alcanzaron mortalmente. El objetivo del ataque, Marcos Rojas Mora, recibió 8 balazos y fue el otro muerto de la noche. Fue en un concierto con más de 20 mil personas, hecho que marca un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en el país: los narcos nunca habían llegado tan lejos. En general saldan sus cuentas entre sí con asesinatos en la frontera o apuntando directamente al objetivo con osados ataques residenciales, pero este hecho es inédito y, por ello, inquietante y peligroso.
La sociedad toda está bajo riesgo del daño colateral.
El caso San Bernardino reveló una vez más cómo están inficionadas las instituciones por el crimen organizado. Otros dos heridos están vinculados al narcotráfico: José Luis Bogado Quevedo y Marcelo Monteggia. A pesar de tener orden de captura internacional, Bogado se paseaba tranquilamente por todo el país gracias a la corrupción policial: su identidad delictiva era protegida gracias a la modificación de la alerta roja de Interpol.
Con todos estos escándalos, el horror y el dolor, las horas de Giuzzio estaban contadas. Declarado enemigo de Cartes cuya cabeza no logró cortar a pesar de las permanentes presiones, el ex presidente de la República encontró en el juicio político la vía para radiarlo del cargo “ante la cobarde inacción de Marito”. Contó para ello con la siempre oportuna colaboración del llanismo, quienes firmaron el pedido. No había posibilidad de que Giuzzio se salvara. Las bancadas opositoras estaban dispuestas a votar la destitución. Los propios oficialistas estaban entusiasmados, ya que hace tiempo cuestionan que un no colorado maneje un ministerio tan sensible. Para colmo, el presidente Mario Abdo agregó más nafta al fuego con sus desafortunadas declaraciones señalando que la guerra narco iba a continuar y como solución propuso ajustarse los cinturones. Tal fue la indignación que la familia Aranda reaccionó con la convocatoria a una manifestación en su contra.
JAQUE MATE. Pero el jueves se llevó a cabo una operación de ajedrez. Con la venia de Abdo, y apoyo exógeno, según dicen, Giuzzio fue al Congreso a disparar munición gruesa. La Comisión Permanente no tenía cuórum, entonces su presidenta, Lilian Samaniego, movió la primera pieza del tablero: no suspendió la comparecencia del ministro y convirtió la sesión en reunión informativa abierta. El ministro se apoderó del escenario y no se guardó nada: acusó a Cartes de mafioso, de ser el cerebro del lavado de dinero, lo comparó con Pablo Escobar y detalló las supuestas operaciones financieras. Mostró cómo durante su gobierno las instituciones se alinearon a sus intereses y hasta salpicó al candidato Santiago Peña, al que acusó de ser parte del esquema lavado de dinero con su padre y hermano. También que extorsionaba al presidente. En su cuenta de Twitter talló en piedra esta frase: “El crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica, justamente por mi postura de denunciar su esquema. Si me tengo que ir, me iré. Pero no me van a callar, que les quede claro”.
Su fuerte acusación modificó el escenario político. Logró instalar que si a él lo echaban no era por la inseguridad, sino como venganza de la mafia por haber osado denunciar a Cartes. La oposición, que vive entrampada en la interna colorada, quedó absorta, pero evaluando daños vieron que votar contra Giuzzio les iba a costar más caro.
Luego entró a jugar el vicepresidente Hugo Velázquez. Muy seguro, anunció que la bancada oficialista no acompañaría el juicio político. Era la segunda vez que Velázquez frustraba una acción política de Cartes en Diputados, la primera fue en 2017 cuando evitó la sesión para aprobar la reelección.
El ministro no solo salvó su cargo, del que prácticamente se despidió en esa reunión, sino que logró que finalmente Marito cambiara al comandante de la Policía, Luis Arias, a quien se lo consideraba una ficha clave del cartismo, consolidando su puesto en Interior.
CONTRA TODOS. Giuzzio no solo apuntó a Cartes. Con su denuncia salpicó a varias instituciones que están obligadas a dar cuentas de sus actos: la Fiscalía, el Banco Central, el BNF, la Bolsa de Valores, etc. Ya fueron convocadas por el vicepresidente para dar explicaciones, y aunque no pase nada, será importante lo que digan porque eso documentará el caso. La Fiscalía, la más comprometida por su vergonzosa inacción desde el 2019, dice ahora que investigará también.
Veremos en los próximos días si no es una simple jugada para el “apriete”.
ATRAPADO. Paraguay está atrapado en las crisis del Partido Colorado que se activan especialmente en el largo periodo de las primarias presidenciales. Los espasmos recrudecen cuando la disputa por el botín (Estado) y el control de las instituciones para los negocios ilícitos se vuelve violento por desplazamientos de cupos de poder.
Un ejemplo fue la suba del impuesto al tabaco. Una decisión que Mario Abdo venía postergando para evitar conflictos con Cartes y que debió darse hace tiempo no solamente como medida económica sino de salud pública. El viernes, como muestra de su poder, aumentó del 18 al 20%.
El escenario, por ahora, dibuja una sonora derrota de Horacio Cartes. El caso Giuzzio marca la cancha y vaticina una disputa más áspera entre el oficialismo y el cartismo de cara al 2023.
La ciudadanía no solamente es rehén del narcotráfico que, envalentonado por la protección institucional de los elementos corruptos del Estado, decidió dirimir sus pleitos a balazos en actos públicos matando a inocentes. Lo es también del Partido Colorado, que salda sus cuentas internas sin el menor pudor por el daño colateral que causa hace décadas a la ciudadanía.