Editorial

El crimen organizado no debe ganar la guerra a la democracia

El violento rescate del capo narco Jorge Samudio, alias Samura, a cargo de un grupo armado vinculado probablemente a la organización criminal Comando Vermelho, eleva la sensación de inseguridad en la población. Lo ocurrido revela nuevamente la poca capacidad de los organismos de seguridad del Estado para hacer frente a estructuras mafiosas de gran poder y la alta vulnerabilidad de los agentes públicos a esquemas de corrupción. El sangriento episodio, que costó la vida de un jefe policial, golpea aún más a un debilitado Gobierno. Urge reaccionar y hacer cambios no solamente de figuras, sino de una política de seguridad sostenida, para que el crimen organizado no gane la guerra a la democracia.

En el contexto de una crisis política que ha golpeado fuertemente al Gobierno y aún no acababa de ser superada, agravada por una situación económica recesiva, una emergencia ambiental ante numerosos focos de incendio que destruyen extensas áreas de campos y bosques, y una creciente oleada de asaltos callejeros que golpean a la ciudadanía, en la siesta del miércoles se produjo un violento ataque de rescate de un peligroso jefe narco en la zona de la Costanera Norte de Asunción, a cargo de un grupo criminal armado vinculado a la organización brasileña Comando Vermelho, dejando a un jefe policial asesinado y a tres personas heridas.

Coincidentemente, el episodio se produjo en el día en que el partido en el Gobierno, la Asociación Nacional Republicana (ANR), celebraba su 132 aniversario, en medio de fuertes críticas de la ciudadanía porque sus 43 diputados habían decidido suspender la sesión de la Cámara Baja en la semana, poniendo en primer lugar los actos partidarios por encima de los intereses del país.

Ante ese panorama, la liberación del capo narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, ejecutado con una gran precisión quirúrgica por parte de una decena de pistoleros, ha generado un gran impacto en la población, golpeando aún más a la ya débil imagen del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y de sus principales colaboradores, principalmente de los encargados del área de seguridad.

La manera bastante rudimentaria y poco profesional en que se realizó el traslado del peligroso reo desde la cárcel de Emboscada para comparecer en una audiencia preliminar en el Palacio de Justicia, suspendida apenas veinte minutos antes por la agente fiscal Zully Figueredo (quien desde ayer fue apartada de la Unidad Fiscal de Narcotráfico), entre otras graves irregularidades, fueron confirmando que el sangriento episodio se trató de una “entrega” a favor de la mafia, con la presunta participación de algunos guardiacárceles y funcionarios penitenciarios. El propio ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, aseguró que agentes del Gobierno colaboraron para la liberación del capo narco a cambio de dinero.

El nuevo escándalo que provocó el sangriento suceso, en el cual perdió la vida el comisario Félix Antonio Ferrari Yudis, quien era el subjefe de la Comisaría Primera, aumentó aún más las fuertes críticas ciudadanas contra el Gobierno, al punto en que el presidente Abdo Benítez se vio obligado a aceptar la renuncia del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, y a remover del cargo al comandante de la Policía Nacional, comisario Gregorio Walter Vázquez. El avance de las investigaciones costó además el cargo al director de la Penitenciaría de Emboscada, Juan Carlos Irala, quien acabó detenido junto a varios guardiacárceles.

Lo ocurrido revela nuevamente la poca capacidad de los organismos de seguridad del Estado para hacer frente a las estructuras mafiosas de gran poder que van extendiendo sus redes en el país y la alta vulnerabilidad de los agentes públicos ante los esquemas de corrupción. Urge reaccionar y hacer cambios no solamente de figuras, sino de una política de seguridad sostenida, para que el crimen organizado no gane la guerra a la democracia.

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