Opinión

El crimen avanza y Abdo retrocede

Fernando Boccia Torres – fernando-boccia@uhora.com.py

Desde julio, el Gobierno anda a los tumbos. El acta secreta con Brasil, los oscuros intereses del vicepresidente, el intento de juicio político y la forzada alianza de Mario Abdo Benítez con el cartismo, que en la práctica tiene más pinta de rendición, maltrae al presidente. Como si no hubiera problemas suficientes, la fuga del narcotraficante Jorge Samura Samudio y el asesinato de un comisario en pleno centro asunceno pusieron nuevamente en el tapete al crimen organizado y su voraz expansión en todo el territorio paraguayo.

No es un tema nuevo, por supuesto. La narcopolítica en Paraguay es incluso más antigua que la democracia. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, grupos criminales, como el Primer Comando Capital (PCC) o Comando Vermelho (CV), vienen creciendo a un ritmo frenético ante la pasividad estatal. La paradoja del PCC es que la prisión alimenta a la organización. Creado en penitenciarías brasileñas décadas atrás, hoy el autodenominado “partido del crimen” tiene presencia en prácticamente todas las cárceles paraguayas. El Gobierno habla de unos 400 miembros presos, de los cuales más de la mitad son paraguayos.

Nuestro sistema penitenciario favorece el crecimiento de grupos como el PCC. La corrupción imperante, el hacinamiento y la casi nula clasificación de presos hacen a las cárceles paraguayas el lugar ideal para su crecimiento exponencial. Este año como nunca antes el PCC decidió disputar el dominio del sistema penitenciario, con una serie de motines en todo el país. En Concepción obligaron a un guardiacárcel a comerse un insecto y con sangre pintaron las siglas del grupo en la pared de la cárcel. En San Pedro se enfrentaron al clan Rotela y esto derivó en la masacre de diez personas, con cuerpos decapitados y quemados, repitiendo postales de cárceles brasileñas. El último motín fue en Encarnación, apenas días atrás.

Por eso la fuga de un narco en plena Costanera, con evidente complicidad institucional, no es un hecho aislado, muy a pesar de las justificaciones del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Hay una progresión de acciones delictivas que denotan que los parches que hasta ahora este y otros gobiernos implementaron para frenar el crimen organizado no son suficientes. El sistema penitenciario y de seguridad se erige sobre décadas de desidia y corrupción, donde los operadores políticos aún juegan un rol importante en la recaudación para la corona.

Para revertir esto son necesarios mensajes claros y acciones concretas. Hasta ahora, la reacción del Gobierno fue errática. La primera medida tomada por el presidente tras la fuga de Samura fue la de designar a Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura, liberando así una banca en el Senado pretendida por el cartismo. Ante la nueva crisis, Mario Abdo se ocupó primero de satisfacer al enemigo que lo tiene en picota.

Por otro lado, el presidente reiteró públicamente que planteará una enmienda constitucional para que las fuerzas militares puedan ser utilizadas en la lucha contra el crimen organizado. Esto responde a una tendencia regional. La mayoría de los países del continente utilizan a componentes de sus Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la experiencia regional es poco alentadora: En México y la mayoría de los países que siguieron el mismo camino, la violencia y las violaciones de derechos humanos aumentaron con los militares persiguiendo el tráfico de drogas.

El proyecto militarista de Abdo no cayó nada bien en las filas policiales. Ayer familiares de agentes activos y oficiales retirados se manifestaron pidiendo la destitución de Villamayor y el rechazo de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que pretende sacar atribuciones al comandante de Policía.

Si el Gobierno no demuestra un liderazgo más firme y toma medidas más profundas y certeras, los tiroteos narcos se convertirán en parte del paisaje urbano paraguayo y no habrá sector político que sostenga un gobierno que solo anda a los tumbos.

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