Paraguay está empezando lentamente a salir del modo pandemia. Las vacunas están llegando y de a poco los negocios de Asunción empiezan a llenarse de clientes. Se percibe una sensación de vuelta a la normalidad, incluso en un contexto de incertidumbre en la salud por las nuevas variantes, y en la economía por las sequías y otros eventos climáticos extremos que pueden traer volatilidad a los precios de las materias primas.
Paraguay está en mejor situación económica que la mayoría de los países de la región, y se enorgullece –con razón–, de haber capeado la pandemia manteniendo un fuerte compromiso con la gestión de la deuda y los equilibrios fiscales.
Tener una deuda baja en relación con el PBI es un factor valorado positivamente por todos los sectores. Hay un fuerte consenso en el Poder Ejecutivo, el Congreso y gran parte del sector privado sobre la convicción de minimizar los préstamos y de no expandir mucho el gasto, incluso durante periodos de crisis económica y sanitaria.
Si bien es entendible y admirable la posición generalizada contraria a contraer altos niveles de deuda y de gasto público, también vale la pena considerar el costo de no invertir.
Las bases del crecimiento de Paraguay se han sustentado en la tierra. La productividad agrícola y las exportaciones han crecido en los últimos años e impulsado la producción nacional. Una gestión sólida de la macroeconomía le ha permitido al país aprovechar los beneficios económicos de esa productividad y generar las reservas necesarias para las épocas difíciles y momentos de crisis.
Hasta la llegada de la pandemia de Covid-10, solo hubo caída del crecimiento relacionadas con periodos de sequía en las últimas dos décadas. Paraguay seguirá dependiendo de su producción agrícola, pero pareciera que se ha llegado al punto donde los rendimientos se vuelven decrecientes, donde hay que encontrar otras fuentes de crecimiento para acompañar las necesidades de una población que aumenta.
Encontrar estas fuentes de crecimiento requiere potenciar la inversión pública y privada. Invertir estratégicamente en carreteras urbanas y rurales, mejorar la gestión de las inundaciones y sequías, la calidad de la educación para preparar a los paraguayos para el futuro, la calidad de la atención médica, así como garantizar viviendas para la población más vulnerable y servicios de transporte público, son decisiones que impactarán en el desarrollo futuro del país.
Es decir, para lograr un nivel de actividad económica mayor que siente las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo, se requerirá de un nuevo nivel de infraestructura o capital físico así como también de un nuevo estándar de calidad para la educación y la salud o capital humano en Paraguay.
Al evaluar el costo de invertir y expandir el gasto hay que incorporar en el análisis que no hacerlo tiene un costo de pérdida de oportunidad. El impacto de no invertir afecta a todos los sectores, no solo a la calidad de vida de los más vulnerables sino al sector productivo en su conjunto en términos de crecimiento potencial perdido.
Este crecimiento va a ser necesario para seguir aportando a las arcas del país y proporcionar la capacidad fiscal que Paraguay valora tanto, especialmente cuando las tierras agrícolas por sí solas ya no sean suficientes para impulsar la economía.
Lograr un nivel superior de crecimiento, un crecimiento más equitativo, requerirá comprometerse con nuevas inversiones en infraestructura que mejoren el suministro de agua y saneamiento, la conectividad interurbana, el acceso digital y que a la vez permitan planificar mejor el desarrollo urbano del país.
Estos costos de no inversión pueden medirse y resultan impactantes, por ejemplo, según un análisis del Banco Mundial, la falta de infraestructura en saneamiento y de acceso al agua de calidad produce enfermedades o muertes que implican una pérdida anual equivalente a 10.6 años de vida. Se estima que la falta de estos servicios es equivalente a una pérdida anual de un 1,63 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a raíz de una serie de consecuencias como la pérdida de productividad, altos costos de tratamientos médicos por problemas de salud, efectos adversos sobre el turismo y tiempo de acarreo del agua.
Asimismo, el crecimiento equitativo requerirá nuevas inversiones en capital humano. Cuando los países no invierten productivamente en capital humano, los costos son enormes, sobre todo para los más pobres. Por ejemplo, un estudio reciente del BM muestra que por cada dólar que no se invierte en la educación de la primera infancia, Paraguay pierde entre USD 6 y USD 12 de rentabilidad social y privada.
Cómo priorizar inversiones es la cuestión clave en un contexto de recursos limitados. Quizás habría que hacer una pregunta simple para definir donde invertir:
• ¿La inversión en infraestructura urbana, en educación y salud desbloquea un servicio, mejora nuestra calidad de vida, protege nuestros bienes públicos de manera que estemos dispuestos a pagar por ellos como contribuyentes y consumidores?
• Si no estamos seguros, podríamos hacernos la pregunta inversa, ¿creemos que los jóvenes de Paraguay no merecen esos servicios, incluso cuando otros países, bendecidos con menos recursos, encuentran la manera de invertir en su futuro?
A medida que Paraguay recupera el aire en esta fase post pandemia de Covid y busca las próximas fuentes de crecimiento y actividad económica, es vital que invierta para lograr ese futuro.