Política

El clan Zacarías vuelve a la carga con denuncia contra la interventora

Los funcionarios afines al grupo político que acapara el escenario en el Este del país denunciaron en la víspera a Carolina Llanes por usurpación de funciones, porque sus contratos no fueron renovados.

Un grupo de personas, funcionarios afines al clan Zacarías, cuyos contratos no fueron renovados en la Municipalidad de Ciudad del Este, denunciaron ayer ante el Ministerio Público, bajo el patrocinio del abogado Gerardo González, a la interventora Carolina Llanes por usurpación. El caso será investigado por la fiscala Vanesa Candia.

El escrito señala que la denuncia la presentan en virtud del artículo 284 del Código Procesal Penal, “por la comisión del supuesto hecho punible de usurpación de funciones públicas”. Mencionan que Llanes se arroga funciones de las que “carece legalmente por ser interventora y no intendente municipal, además de otras varias irregularidades e ilegalidades, pero la que nos afecta a nosotros es que la misma nos ha desvinculado como funcionarios contratados de dicha institución, a pesar de contar con varios años de antigüedad prestando labores en la Municipalidad”.

Aseguran que la decisión de desvincularlos el pasado 3 de enero del 2019 agravia el honor de los funcionarios, ya que los tilda de planilleros, “calificación adjudicada a personas que cobran sin prestar servicios”. “Nosotros no somos planilleros”, afirman.

En otra parte del escrito, aseguran que todos los días se presentaron a la institución para prestar servicios. “Como prueba de ello tenemos nuestro registro de marcación, sea digital o en planillas, por lo que nos reservamos también el derecho de accionar penalmente contra la misma por los hechos contra el honor de las personas”, indican.

UNA MÁS. Esta es la segunda denuncia contra la interventora desde que se instaló en la Municipalidad el pasado 3 de diciembre. La primera se concretó el 5 de diciembre, y fue presentada por los concejales municipales Miguel Ángel Coronel, Neri Chávez Barreto y Alejandro Zacarías, todos de la bancada oficialista de la Junta.

Aquella vez, la denuncia fue por producción mediata de documentos públicos de contendido falso y se refiere a una nota donde se solicitó el comisionamiento de un funcionario a la Corte Suprema de Justicia, ya que en la parte final se mencionaba que el pedido tenía la aprobación de la legislatura, hecho que no se dio, según los concejales.

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