La operación era parte de un intento de Guaidó y su equipo de obtener dinero público venezolano, manejado por Javier Troconis, un ex ejecutivo petrolero, acusado de haber estado involucrado en varios negociados. Las operaciones llevadas a cabo “incluyen un contrato prospectivo con el Gobierno de Paraguay con una comisión de USD 26 millones a pagar a terceros que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó”, destaca el Washington Post.
En el acuerdo planteado, Troconis habría pagado “una comisión desproporcionada a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de USD 26 millones”, según el reportaje. Vidal resultó ser abogado del empresario paraguayo-argentino Carlos Abdo, tío del actual presidente de la República.
La publicación norteamericana compromete directamente a Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete del presidente Abdo Benítez, a quien atribuye haber recibido y manejado la propuesta en el ámbito gubernamental. Villamayor ha reconocido la existencia del acuerdo, pero asegura que no llegó a concretarse y que por tanto no requería ser informado en forma pública. Además, a pesar de haber anunciado que mostraría los borradores del acuerdo recibido, hasta ahora no lo ha hecho.
Se sabe que el acuerdo secreto con PDVSA pasó por manos de Villamayor, Benigno López (entonces ministro de Hacienda), Patricia Samudio (entonces presidenta de Petropar, actualmente imputada por hechos de corrupción) y Sergio Coscia (entonces procurador general de la República, recientemente renunciado por aparecer envuelto en otro escándalo de corrupción).
El caso pone nuevamente en el tapete la gran falta de transparencia con que se maneja la administración del presidente Mario Abdo Benítez en casos que involucran a valiosos intereses del pueblo paraguayo.
Al igual que en el sonado caso del acta bilateral sobre la compra de potencia de la represa hidroeléctrica de Itaipú, que también se negoció en secreto y se descubrió en junio de 2019, causando una grave crisis política, una vez más se revela que el Ejecutivo ha negociado recursos de la nación a espaldas de la ciudadanía.
Aunque en este caso el irregular acuerdo no se llegó a concretar, la manera secreta en que se estaba manejando debe ser investigada por el sistema de Justicia y los organismos contralores, aplicando las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables del ocultamiento, en su debida dimensión.