El escándalo provocado por la constructora brasileña, que reconoce haber pagado multimillonarios sobornos a cambio de licitaciones, ha abierto cientos de investigaciones contra ministros, diputados y empresarios en la región.
Pero Pedro Pablo Kuczynski puede convertirse en el primer presidente destituido por sus vínculos con Odebrecht, que afirma haberle abonado casi 5 millones de dólares en asesorías cuando era ministro.
El mandatario peruano parece tener los días contados, a pesar de negar las acusaciones: la oposición tiene mayoría en el Congreso.
“No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente”, garantizó Kuczynski el jueves. Su caída sería terrible para la estabilidad y la imagen del continente, según Luis Benavente, de la consultora peruana Vox Populi, aunque “la corrupción es una enfermedad latinoamericana” instalada “en todas las bases del sistema político-social”.
sangriento. El caso Odebrecht ha sido particularmente sangriento en Perú. El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa están en prisión preventiva por recibir presuntamente USD 3 millones para su campaña y sobre el ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006) hay una orden de captura y pedido de extradición desde EEUU por beneficiarse supuestamente de 20 millones.
Ecuador tampoco se ha salvado de este terremoto político. Su vicepresidente, Jorge Glas, fue sentenciado el miércoles a seis años de prisión por asociación ilícita tras recibir USD 13,5 millones en sobornos.
Su condena “marca una ruptura con el ocultamiento de la corrupción que hubo durante el gobierno de Rafael Correa” (2007-2017), según el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Con la soga al cuello. Brasil es el otro país donde Odebrecht ha dejado más víctimas, aunque es apenas un capítulo de la Operación Lava Jato que investiga los sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener licitaciones en Petrobras.
La empresa hasta tenía un departamento dedicado a la gestión y distribución de sobornos a políticos brasileños.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) está con la soga al cuello por su presunta vinculación.
La justicia investiga si Odebrecht le pagó un terreno para su instituto en São Paulo y si ofreció a su familia un apartamento. Lula ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por recibir un lujoso tríplex en un balneario. Si la segunda instancia judicial confirma la condena, puede ir a prisión y quedar fuera de las presidenciales de 2018.
En este sentido, el analista político Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), subraya que “la eventual caída del presidente peruano probablemente será usada en las elecciones brasileñas para criticar a los gobiernos del Partido de los Trabajadores”. afp