Una fuerte denuncia presentada por el empresario Felipe Nery Páez ante el Ministerio Público, acusando de que era víctima de pedidos de coimas para obtener un fallo favorable de ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el caso denominado “Cal Agro SA contra INC sobre Resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual” por 40 millones de dólares, permite revelar una vez más el alto grado de corrupción que impera en el sistema de justicia.
La denuncia hecha por Páez permitió que la Fiscalía Anticorrupción, juntamente con periodistas de Telefuturo, documenten las negociaciones ilícitas con grabaciones en cámara oculta, mostrando cómo el funcionario Rafael Luis María Ramírez Doldán, un supuesto relator del ministro de la Corte, Óscar Bajac, solicitaba coimas a nombre de Bajac y del presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, para conceder un fallo favorable en el proceso.
Precisamente, Ramírez Doldán fue detenido el pasado jueves por una comitiva a cargo del agente fiscal Luis Piñánez, en la plaza frente al Palacio de Justicia, tras recibir un primer pago de 50 millones de guaraníes por parte de Páez, con dinero que fue previamente identificado por la Fiscalía. Todo el proceso de las negociaciones de pedido de coima, como el momento en que se realizaba el pago, fue registrado en video como anticipo jurisdiccional de prueba y el funcionario descubierto resultó imputado por el delito de tráfico de influencias.
Ramírez Doldán no es el único involucrado. También otro funcionario, Gustavo Franco, aparece mencionado como un nexo en las negociaciones, y dos abogados: Ramón Aquino y Juan Carlos Ávila, quienes le hicieron firmar a Felipe Nery Páez contratos por presuntos trabajos, por valor de 3.700.000.000 guaraníes cada uno, pero que según el tenor de las conversaciones grabadas serían supuestamente montos que se entregarían a los ministros Bajac y Torres Kirmser, en pago por dar su fallo a favor del empresario denunciante.
Tanto Bajac como Torres Kirmser han negado ser partícipes del delito del que se los acusa y alegan que solo los mencionan para obtener dinero. A pocos días de que Bajac deje el cargo por cumplir 75 años de edad, la grave denuncia de nuevo hace aparecer a la Justicia paraguaya como altamente corrupta. Por ello, el caso debe ser investigado a fondo, debidamente aclarado y, en el caso de que se pruebe la culpabilidad de las máximas autoridades del Poder Judicial, estas serán sancionadas de modo ejemplar. No hay que olvidar que el presidente electo, Mario Abdo Benítez, se comprometió durante su campaña electoral a renovar el Poder Judicial. Esperemos que pueda cumplir con su promesa.
