Editorial

El “caiga quien caiga” presidencial quedó solo como una anécdota

Tras repetir mucho la frase “caiga quien caiga”, asegurando que no perdonaría ningún hecho de corrupción en su administración, ni siquiera a sus parientes o amigos más cercanos, el presidente Mario Abdo Benítez al parecer ya se olvidó de su famoso lema. Prácticamente ninguno de los acusados en los últimos escándalos en el Gabinete han “caído”, ni siquiera se les ha movido un pelo. Por el contrario, desde una evidente complicidad del sistema de Justicia con el poder político se han ido blanqueando los más emblemáticos casos de corrupción, aplicando penas muy leves o directamente dejando en libertad a los involucrados. Abdo Benítez evita hablar de los casos y pidió que se le lleven grabaciones sobre promesas incumplidas, pero luego aclaró que se refería solo a obras públicas. Una actitud que intenta desviar la atención, pero solo deteriora aún más la credibilidad del Gobierno.

Apropiándose de una trillada frase, que fue también el nombre de un recordado programa de humor periodístico de la televisión argentina durante muchos años, el presidente Mario Abdo Benítez acostumbró utilizar en sus discursos la expresión “caiga quien caiga” desde el inicio de su mandato, asegurando que no perdonaría ningún hecho de corrupción que ocurra en el entorno de su administración, ni siquiera a sus parientes o amigos más cercanos.

Aunque al principio intentó mantener cierta coherencia con el lema escogido, llegando incluso a situaciones de enfrentamiento mediático con su principal adversario político en esferas del Partido Colorado, el ex presidente Horacio Cartes; sin embargo, tras la crisis que enfrentó su gobierno en julio y agosto de 2019, cuando el respaldo de Cartes le permitió sortear una inminente destitución en un juicio político, su postura fue variando, y en lugar de la frase “caiga quien caiga” empezó a usar otra expresión: “Hay que dejar que la Justicia actúe”.

La Justicia ha actuado, pero principalmente para blanquear a los corruptos. Varios de los más emblemáticos casos de corrupción, que se venían dilatando en las esferas judiciales, empezaron a cerrarse en las últimas semanas del 2020 y a inicios del 2021 con sentencias de evidente blanqueo a conocidos personajes del ámbito político, con condenas muy leves o directamente resultando absueltos de culpas, dejando una gran sensación de impunidad en la ciudadanía.

La absolución de los involucrados en graves casos como el de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que demostró el gran tráfico de influencia entre legisladores, autoridades del Gobierno, jueces y fiscales; o el del llamado mecánico de oro, o el del negociado de tierras de San Agustín, la libertad de los diputados colorados Ulises Quintana y Miguel Cuevas, entre otros, han quedado finalmente en el oparei, como una evidente componenda entre el poder político y el judicial, en el marco de la llamada Operación Cicatriz entre el cartismo y el abdismo, preparando el camino para una nueva etapa electoral.

Con los escándalos mediáticos de presuntas irregularidades que han salpicado directamente al Gobierno tampoco ha ocurrido nada. Ante el cuestionado caso de la pasarela de oro, que envuelve a uno de sus cuñados en un posible caso de tráfico de influencias, o el acuerdo secreto sobre la deuda con la petrolera venezolana PDVSA, en que aparece involucrado el actual jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, el presidente Abdo Benítez ha optado por guardar silencio. Ya no hay “caiga quien caiga”. Nadie ha caído, ni siquiera se les ha movido un pelo.

A esta altura, la famosa frase de campaña y de los primeros años de mandato presidencial ha quedado solo como una anécdota. El jefe de Estado evita hablar de los casos de escándalos de corrupción que salpican a su entorno presidencial. En un reciente acto pidió que se le lleven grabaciones si acaso ha incumplido alguna promesa. Cuando se le señalaron las graves irregularidades surgidas en el ámbito mediático, se apuró en aclarar que solo se refería a obras públicas que había prometido realizar en campaña. Una actitud que intenta desviar la atención, pero solo deteriora aún más la credibilidad del Gobierno.

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