Paraguay es uno de los países de mayor corrupción según la percepción de una parte de la ciudadanía.
El Informe de Latinobarómetro no solo informa sobre ese hecho, sino también sobre la peligrosa percepción de que en nuestro país el Gobierno solo beneficia a los ricos.
La legitimidad de las instituciones democráticas está en juego cuando la ciudadanía no confía en sus autoridades. En estos casos, deben ser enfrentados la captura del Estado y la debilidad institucional que se deriva de ella.
La desigualdad del ingreso y de la tierra son de las más altas de la región y del mundo. Este no es un indicador cualitativo o de percepción como el anterior, sino objetivamente verificado con datos oficiales.
Cualquier tipo de desigualdad, sabemos hoy, obstaculiza no solo la construcción de una sociedad segura y sin violencia, sino también el crecimiento económico.
El crecimiento económico solo tuvo algún efecto derrame cuando fue muy elevado. Hoy, ni el contexto nacional ni el internacional auguran los niveles de la década anterior y la situación actual no está generando los empleos ni los ingresos necesarios para garantizar una vida digna, ni siquiera para reducir la pobreza, estancada desde hace unos años.
El marco de políticas presenta vacíos importantes y cuando existen iniciativas son de baja cobertura, descoordinadas entre sí, y en algunos casos ineficientes.
No hay política de empleo ni industrial en un país que debe generar empleos de calidad para aprovechar el bono demográfico y la expansión de la cobertura educativa. La política agropecuaria, a pesar de los recursos con que cuenta, tiene escaso impacto en la producción de alimentos, debido a la corrupción en el sector y a la incapacidad de gestionar todos los componentes necesarios: producción, créditos, seguro, acceso a mercados, cambio climático.
Las desigualdades y la transformación productiva requieren una acción decidida por el cambio, situación no siempre fácil dados los intereses de algunos sectores por mantener los privilegios con que cuentan.
Sean cuales fueran las acciones que decidan tomar las nuevas autoridades, de transformación o no, se encontrarán con un escaso espacio fiscal para financiar las políticas y con un nivel de endeudamiento que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, debido a que el país no tiene capacidad de pago sin nuevos endeudamientos.
En un contexto con demandas ciudadanas tan básicas como una educación de calidad o medicamentos esenciales y grupos que imponen sus intereses particulares, la gestión que iniciará en el próximo mes de agosto deberá tomar decisiones económicas y políticas de suma relevancia para el país. La población espera que ponga en primer lugar el bien común.
