El riesgo país se mantuvo en niveles relativamente buenos. Este contexto permitió captar inversión extranjera directa, lo que ayudó a incrementar el peso del sector industrial en la economía El buen manejo macroeconómico contribuyó a enfrentar la crisis financiera internacional de 2008 sin que la misma impacte de manera relevante en la economía.
La pobreza se redujo gracias a la acción combinada de crecimiento económico, políticas públicas y baja inflación. Hay que tener en cuenta que la metodología de cálculo de este indicador en Paraguay se basa en la capacidad de compra de los ingresos familiares. Cuando hay inflación, se eleva el costo y automáticamente la pobreza.
Este gran capital se encuentra en riesgo. Con la ralentización económica y la ineficiencia en la recaudación, los recursos genuinos son insuficientes para a hacer frente a los gastos planteados por el Ejecutivo, por lo que el presupuesto aumenta el déficit y, con ello, la necesidad de endeudamiento.
No sería un problema el endeudamiento si no fuera por algunos factores que ponen límites a cualquier posibilidad de buen uso de los recursos externos. En primer lugar, desde hace varios años el endeudamiento es utilizado para pagar deuda. El llamado bicicleteo o lo que algunos referentes del sector público denominan “cambio de perfil de la deuda” o “cambiar deuda vieja por deuda nueva” no es sino el peor reflejo de la incapacidad de financiar los compromisos asumidos con anterioridad.
En segundo lugar, si bien la proporción de la deuda con respecto al PIB está en límites de riesgo moderado, como proporción de los ingresos tributarios, ya está en niveles de alto riesgo. El problema no es la deuda con respecto a la producción, sino a la capacidad de pago. La lógica es que la producción genera impuestos y con eso se pagan las deudas; sin embargo, esto no es así en Paraguay. Una presión tributaria del 10% muestra que, aún con altos niveles de generación de renta, el país no recauda lo suficiente para financiar su desarrollo y sus deudas pendientes.
En tercer lugar, el argumento para aumentar el déficit es el financiamiento de infraestructura. El problema es que no hay señales de control de la corrupción y de implementación de mecanismos que garanticen eficiencia. Constantemente vemos obras de mala calidad, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el manejo de las contrataciones públicas e incumplimientos de contratos. Detrás de esto no solo hay una deficiente gestión, sino también corrupción.
En este contexto, el aumento del déficit se traduce en mayores gastos públicos sin resultados en la capacidad productiva del país y en el bienestar de la población. Y lo más grave, le dejará a las futuras generaciones la responsabilidad del pago.