14 feb. 2025

El Amambay merece una atención especial del Gobierno

Los últimos sucesos policiales acaecidos en Pedro Juan Caballero deben significar una alerta importante para las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Si no le presta el debido interés que el caso merece, el Gobierno corre el riesgo de perder el control sobre la región.

El departamento de Amambay ha sido tradicionalmente una zona conflictiva. Su particular ubicación, en la frontera seca con el Brasil, permitió que creciera en la región una delincuencia que maneja grandes negocios ilegales.
El contrabando de todo tipo, clásico en todo el mundo en las zonas de frontera seca, incluye en el decimotercer departamento áreas tan diversas como las lucrativas ventas ilegales de armas y el mundo del tráfico de drogas.
La vecindad de un mercado enorme, el existente en el gigantesco Brasil, es un condicionante a favor del enorme submundo que se monta para la administración de los comercios ilegales.
El volumen de dinero generado por los negocios negros convierte a la zona en un lugar inseguro.
Para empeorar la situación, los acaudalados jefes del narcotráfico y de los otros comercios ilícitos incursionan en el mundo de la política local, financiando a candidatos locales, sin importar colores ni partidos, creando de ese modo un entramado de relaciones donde el límite entre lo legal y lo ilegal, entre lo lícito y lo ilícito, toma un confuso tono gris, sin que los blancos y los negros queden bien definidos.
Varios son ya los casos de asesinatos en el Amambay, relacionados con la mafia. En los últimos años, el ingrediente político se sumó a los crímenes, muchos de ellos sin ser aclarados por la Justicia, pero atribuidos abiertamente al narcotráfico por los pobladores de la zona.
En los últimos días, una escalada de esa violencia, con asesinatos de tinte político y mafioso, cobró notoriedad, atrayendo de nuevo la mirada sobre esa zona del país.
Las autoridades nacionales deben tomar urgentes medidas que permitan retomar el control en el Amambay, una región que presenta los primeros síntomas de una pérdida de autoridad estatal.
Los ciudadanos honestos y trabajadores de ese departamento –la amplia mayoría, por cierto– merecen que en su zona se viva en paz y en tranquilidad, con la vigencia plena de las seguridades y de la Justicia. Con la vigencia plena de todas las instituciones que conforman el Estado.
Es urgente que el Poder Ejecutivo atienda esta laboriosa región y transmita a sus habitantes la tranquilidad que merece todo ciudadano para el desarrollo normal de sus actividades.