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Ejecutivo recibe pedido de intervención de la Municipalidad de CDE

Concejales y pobladores de Ciudad del Este presentaron al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, la solicitud de intervención de la gestión municipal de la intendenta Sandra McLeod.

Un total de siete concejales esteños y varios ciudadanos llegaron hasta el Ministerio del Interior para hacer entrega del pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por la intendenta Sandra McLeod, esposa del senador Javier Zacarías.

En este caso, la cartera de Estado representa al Ejecutivo, que a su vez deberá remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados, así como lo establece la Ley 317, que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y gobiernos municipales.

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Los diputados deberán crear una comisión especial para la investigación de los hechos denunciados. En caso de ser concedido el acuerdo por la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará a un interventor en la Municipalidad.

“Ciudad del Este vive en un estado de feudalismo de dictadura y extrema corrupción manejado por el clan Zacarías”, fueron las expresiones de una de las manifestantes en NoticiasPy.

Recordó que es la segunda vez que los concejales presentan un pedido de intervención, el primer intento fue en el 2016.

En aquella ocasión, los miembros de la Cámara baja rechazaron la petición por amplia mayoría.

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El concejal Celso Miranda señaló que fueron varios los delitos que se cometieron durante la gestión del clan Zacarías, que merecen ser investigados a fondo.

Desde hace varios días, el Ministerio Público viene realizando una serie de allanamientos a empresas y viviendas pertenecientes a la familia del parlamentario colorado.

También realizaron procedimientos en las propiedades del clan Zacarías Irún en las ciudades de Asunción y Lambaré.

Entérate más: Zacarías Irún califica allanamientos como un "circo" de la Fiscalía

El matrimonio, la hermana del parlamentario, Margarita Antonia Zacarías Irún y el empresario Fernando Román Fernández son investigados tras una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública, lavado de dinero y asociación criminal.

En su momento, el senador colorado calificó como un circo y una persecución política los allanamientos realizados.

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