18 abr. 2024

Ejecutivo busca congelar activos de sospechados por terrorismo

Senado. El paquete de leyes que presentó el Ejecutivo ya tuvo entrada en la Cámara Alta.

Senado. El paquete de leyes que presentó el Ejecutivo ya tuvo entrada en la Cámara Alta.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, envió esta semana al Congreso el paquete de proyectos sobre seguridad y uno de ellos busca modificar varios artículos de la Ley 4503/11, que establece “la inmovilización de fondos o activos financieros” y que en su primer artículo expresa que serán sujetos de la inmovilización financiera las “personas sospechadas” de incurrir en crímenes de carácter transnacional (lavado y terrorismo, entre otros).

Este documento fue incluido dentro del paquete de leyes que impulsa el Poder Ejecutivo a partir de la presentación de medidas para reforzar las normas contra el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico.

El plan establece en su punto número 1 que la ley tiene por objeto “regular como medida preventiva la inmovilización inmediata de los fondos activos financieros de personas físicas o jurídicas sobre quienes existan sospechas de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, actos de terrorismo o asociación terrorista”.

En este punto, claramente se señala que basta con la sospecha de que un sujeto físico o jurídico esté relacionado con el financiamiento del terrorismo para aplicarle la sanción que se tipifica en el documento.

Asimismo, en su artículo 2 la iniciativa legislativa califica como operaciones sospechosas las “transacciones en las que se observen indicios de que los fondos o activos pudiesen estar vinculados con el financiamiento del terrorismo...”.

La iniciativa del Ejecutivo contará con el apoyo de ambas cámaras, según lo expresado por actores importantes de ese sector, en una suerte de alianza para que el examen de las medidas que se solicita implementar sea aplicado cuanto antes debido al auge del narcotráfico.

El objetivo que el Gobierno se trazó es que se implementen las medidas para que una vez que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haga una inspección en el país, el Estado evite la situación de caer en la lista gris de países que no cumplen con la norma internacional.

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