El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, acudió este lunes al Congreso Nacional, a fin de reunirse con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. En la ocasión, fue abordado sobre las deudas con proveedores del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, en el marco del programa Hambre Cero.
Al ser consultado sobre el plan de reorganización del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 que se había comprometido a presentar, señaló que el Poder Ejecutivo aún se encuentra trabajando a fin de presentarlo al final de esta semana. Sin embargo, aclaró que antes que realizar recortes, se apunta más a “priorizar” los gastos de sectores más estratégicos.
“Lo que nosotros queremos en realidad es optimizar los recursos públicos y en esa línea estamos trabajando, (...) en dar directrices claras de cómo ir ejecutando el Presupuesto, priorizando lo que se refiere a los bienes y servicios que se tienen que entregar a la ciudadanía, y aquellas cuestiones que hacen al carácter institucional que no se ven reflejados en una entrega directa a la ciudadanía deben ser postergados en este ejercicio. El instrumento que tiene hoy el Poder Ejecutivo es a través del plan financiero”, detalló ante los medios tras el encuentro.
Dicha estrategia se presenta dentro de un contexto donde el margen fiscal aparece cada vez más estrecho, debido a las deudas acumuladas con proveedores, una desaceleración en los ingresos tributarios, menores ingresos por parte de las binacionales y mayor endeudamiento. En ese sentido, el ministro evitó nuevamente hablar de un ajuste o de elevar el déficit fiscal, aunque dijo que se siguen evaluando todas las herramientas necesarias.
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“Estamos trabajando con las deudas en este momento, no puedo decirte que eso (el déficit) se va a elevar porque aún estamos trabajando en las herramientas que tenemos disponibles del sector público y estamos trabajando en conjunto con los proveedores, a los cuales se debe justamente para llegar a acuerdos para poder definir un plan de pago o un periodo de tiempo en el cual pueden ser canceladas esas deudas”, resaltó.
Uno de los puntos que fueron abordados también fue sobre eventuales recortes de “gastos superfluos”. Lovera advirtió que calificar de esa manera a ciertos rubros sin analizar su finalidad puede llevar a interpretaciones erróneas. Mencionó como ejemplo el caso del servicio de catering, cuyos recursos financiados con impuestos se destinan en un 70% a la alimentación de pacientes internados en hospitales, mientras que otro 10% cubre la provisión de alimentos para las elecciones.
“Nos queda el 20% (de recursos) que muchos de ellos están vinculados a la organización de eventos a nivel internacional, en donde el Estado asumió compromisos ya hace más de un año”, defendió.
Específicamente en cuanto a las deudas con proveedores, reiteró que se está trabajando en conjunto con las empresas acreedoras para estructurar un plan de pagos que permita dar previsibilidad sobre los plazos de cancelación.
Aunque evitó precisar un monto global exacto, recordó que las deudas con constructoras rondan los USD 300 millones, mientras estimó que para los proveedores de Hambre Cero podrían rondar los G. 600.000 millones solo por este año. En tanto, dijo que el monto final aún depende de la verificación de los procesos administrativos o validación de las facturas.
También defendió la ejecución del plan de alimentación escolar, asegurando que los compromisos correspondientes al 2025 ya fueron cancelados. Dijo que desconoce si existen irregularidades en la provisión, como lo denunció la senadora Yolanda Paredes, quien señaló que las porciones que se están entregando a los niños son demasiado pequeñas.
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Por otra parte, habló de la desaceleración de los ingresos tributarios desde agosto de 2025 y admitió que ni el Gobierno ni los agentes económicos anticiparon que el dólar se mantendría en torno a los G. 6.500 por un periodo prolongado, lo que terminó impulsando aún más esa reducción.
Pese a este contexto, el ministro señaló que en marzo se observa un nivel de recuperación, superando el 10% de crecimiento, lo que les permite tener expectativas más optimistas en comparación con el cierre de febrero.
Si bien los USD 150 millones que se comprometieron a abonar a las constructoras entre abril y mayo forman parte de los mayores recursos que ingresan por el sector tributario, también detalló que una parte corresponde a financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, pero cuyos recursos estaban destinados a proyectos específicos y no pueden ser redirigidos a otros fines.
Al respecto, el ministro aseguró que las reprogramaciones no tendrían un impacto directo en el avance de obras previstas para este año, ya que la medida apunta principalmente a ordenar los pagos y aliviar de forma temporal la presión sobre las deudas acumuladas.
