En esferas gubernamentales existe un gran malestar por este hecho, aunque tampoco toman la iniciativa de comenzar un diálogo franco con los congresistas con el fin de frenar los aumentazos que se vienen aprobando. Tan solo la semana pasada, el Ejecutivo vetó primeramente la ley de ampliación presupuestaria solicitada por el Ministerio Público para la creación de unos 577 nuevos cargos para el ejercicio fiscal de lo que resta del año, sancionado hace dos semanas por el Congreso Nacional. Esto ocurrió el pasado jueves.
La Fiscalía General, a cargo de la cuestionada Sandra Quiñónez, pidió aumento de unos G. 64.707.532.946, financiado con recursos del tesoro que se pretendía distribuir en nuevos cargos, equipos de salud y laboratorio, aportes jubilatorios, equipos de transporte, adquisiciones de equipos de computación, aguinaldos, sueldos, gratificaciones, alquiler de edificios, combustible, materiales para seguridad, entre otros gastos rígidos.
Un día después, Marito vetó totalmente otra iniciativa parlamentaria que ampliaba las funciones de los actuarios del Poder Judicial y del TSJE. Es decir, con esto se iba a aumentar los salarios de los mismos. La propuesta era que perciban un salario mensual equivalente al 60% del salario correspondiente a los jueces de primera instancia, más las bonificaciones.
En ambas justificaciones para tal decisión, el Gobierno sostuvo que la presión tributaria iría en aumento para lograr el refinanciamiento para pagar salarios, dado que se trata de gastos rígidos, lo que ocasionaría un desfase presupuestario.
Lo último. El pasado jueves, el Senado sancionó una ampliación millonaria para aumento de sueldos de los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por valor de G. 2.878.871.970, que en el global anual impactará en unos G. 12.000 millones. Será financiado con recursos del Tesoro y los incrementos son notables, en muchos casos del 50%.
Las principales bancadas como la ANR, PLRA y el Frente Guasu aprobaron a libro cerrado el proyecto como vino de Diputados.
Según el proyecto original, la adecuación de salarios por parte de funcionarios del Mades es para asignar funciones y responsabilidades precisas y por eso creen necesaria la equiparación de salarios, “teniendo en cuenta el grado académico y la responsabilidad de los guardiaparques”.
Para la Policía Nacional hubo un incremento para reajustar haberes a 2 mil nuevos policías por G. 3.696 millones. Mientras, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUHV) recibió un aumento vía emisión de bonos del Tesoro, para la construcción de 2.975 viviendas por valor de USD 40 millones.
Se aguarda que estas leyes sean enviadas al Ejecutivo en esta semana.
No hay diálogo con los congresistas, pese a promesa del Ejecutivo
Desde el Legislativo consideran que el Gobierno “hace un show” al realizar conferencias de prensa denostando preocupación por los proyectos de leyes aprobados por el Congreso sobre aumentos salariales a diversas carteras e instituciones.
Pese a que desde el Ejecutivo anunciaron que buscarán dialogar con los congresistas sobre este hecho, hasta hoy día ninguno de ellos fue convocado al Palacio.
El Jefe de Gabinete Hernán Huttemann anunció el lunes pasado que el Poder Ejecutivo seguirá haciendo uso de las herramientas jurídicas y políticas, además de conversar con los diferentes sectores del Congreso sobre los proyectos que contemplan aumentos para varias instituciones. Sin embargo, hasta ahora eso es letra muerta.
Hutteman sostuvo que desde el Ejecutivo están observando con mucha preocupación que las ampliaciones presupuestarias transgreden la responsabilidad fiscal porque perjudican la estabilidad macroeconómica y terminan quebrando el equilibrio entre los ingresos y los gastos, ya que no cuentan con los recursos.
La semana pasada, representantes de diferentes gremios del sector privado criticaron los aumentos promovidos desde el Congreso para el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2023, y pidieron cautela a los legisladores, al tiempo de criticar el “populismo político” con esta serie de iniciativas que pueden poner en riesgo la estabilidad económica.
- 15.900 millones iba a ascender la creación de más cargos para la Fiscalía General. La ley fue vetada el pasado jueves.
- 1.700 millones iba a ser el costo estimativo mensual para pagar salarios de actuarios judiciales. Ley fue vetada.
USD 1,7 millones fue lo aprobado para nuevos salarios en el Mades. La ley fue sancionada el jueves en el Congreso.