EFE
“Depende del pueblo de Uruguay decidir qué políticas sobre las drogas son las más apropiadas para el país”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado enviado a Efe.
Pero, como cualquier otro país, Uruguay “tiene la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales”, subrayó.
“Animamos a Uruguay a que continúe con sus esfuerzos junto con la comunidad internacional para combatir el tráfico de drogas trasnacional, incluido el tráfico de marihuana, y salvaguardar la seguridad ciudadana”, sostuvo el Departamento de Estado.
Además, pidió a Uruguay que en este asunto adopte un enfoque que dé prioridad a la “salud” y “seguridad” de sus ciudadanos, así como al “respeto” de los compromisos fijados en la Convención Única sobre Estupefacientes.
Esa convención, adoptada por 186 países, incluido Uruguay, solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
La ley aprobada este martes por el Parlamento uruguayo legaliza la producción y venta de marihuana, que pasará a estar controlada por el Estado.
Impulsada por el presidente de Uruguay, José Mujica, con ella se legalizará la compraventa y el cultivo de marihuana, y se establece la creación de un ente estatal regulador de la droga.
