“No se planeó una invasión”, dijo a Efe un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, en inglés), el órgano encargado de centralizar la política exterior, militar y de inteligencia de Washington.
La fuente subrayó, no obstante, que Estados Unidos seguirá considerando “todas las opciones que tiene disponibles”, incluida la vía castrense, “para ayudar a que el pueblo de Venezuela recupere la democracia, la estabilidad y la prosperidad”.
El portavoz, que pidió el anonimato, reaccionaba así a los informes de prensa difundidos este miércoles, según los cuales Trump planteó en agosto del año pasado a algunos de sus principales asesores la posibilidad de invadir Venezuela.
La fuente confirmó que Trump preguntó por la vía militar, pero dijo que lo que quería era “pedir opciones” a su equipo para tener un abanico entre el que elegir ante el “desastre humanitario que se estaba produciendo en Venezuela”.
“Preguntó sobre la opción militar, sobre la ayuda humanitaria, sobre las sanciones, sobre la cooperación internacional contra el régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro. Fue una (opción) dentro de una serie de cosas diferentes”, indicó.
El funcionario no aclaró si hubo conversaciones serias sobre la posibilidad de una invasión.
Lo importante, insistió, es que Estados Unidos “no ha tomado acciones militares” por ahora en Venezuela, aunque “seguirá considerando todas las opciones” porque ningún Gobierno estadounidense las descartaría en una situación como la del país caribeño.
El portavoz calificó algunas informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre el tema de “sensacionalistas”, porque llegan muchos “meses después” del episodio y “se centran solo en una de las opciones” que ha considerado EE.UU., sin fijarse en su actuación en la práctica.
“El presidente Trump ha motivado a la comunidad internacional para que trabaje unida para presionar a la dictadura de Maduro para que cambie su comportamiento autocrático”, indicó el portavoz.
La fuente destacó las sanciones internacionales impuestas al Ejecutivo de Maduro y los USD 30 millones en ayuda humanitaria que Estados Unidos ha concedido para los refugiados venezolanos en la región.
