13 nov. 2025

EE.UU. confía en que la crisis política en Corea del Sur no afecte a su alianza

Washington, 9 dic (EFE).- Estados Unidos confió hoy en ver una “transición pacífica” en Corea del Sur y en que no haya baches en su alianza con ese país tras la destitución de la presidenta Park Geun-hye después de semanas de manifestaciones pidiendo su cese por un caso de corrupción y tráfico de influencias.

La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. EFE/Archivo

La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye. EFE/Archivo

“Es absolutamente crucial que sigamos siendo un firme aliado y socio (de Corea del Sur) y que esta transición ocurra lo más pacíficamente posible”, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en su conferencia de prensa diaria.

Por su parte, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Eric Schultz, reconoció que Corea del Sur pasa por “tiempos de tensiones y cambios políticos”, y que “a pesar de eso, los surcoreanos han actuado pacíficamente, con calma y respeto a sus propios principios democráticos”.

“Estados Unidos sigue siendo un aliado firme, amigo y socio de Corea del Sur, y estamos dispuestos a trabajar estrechamente con el presidente en funciones Hwang (Kyo-ahn). Siempre hemos dicho que nuestras alianzas son profundas y no están atadas a un líder en particular en ningún país”, sostuvo Schultz.

“Tenemos una sólida relación con el pueblo de Corea del Sur y no espero que eso cambie”, zanjó.

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, asumirá el poder el 20 de enero y será a partir de entonces el interlocutor de quien lidere Corea del Sur.

Park estuvo entre las diez primeras llamadas de Trump a líderes del extranjero tras su victoria en las elecciones del mes pasado, aunque durante su campaña electoral el magnate también generó preocupación en Seúl al sugerir que quería que Japón y Corea del Sur dejaran de depender de EE.UU. para defenderse de Corea del Norte.

El Legislativo de Corea del Sur aprobó hoy con más de dos tercios de los votos la destitución de Park, una decisión que tendrá que ser aprobada por el Tribunal Constitucional, donde al menos seis de sus nueve jueces deben dar el visto bueno en un proceso que llevaría 180 días como máximo.

A la espera de la decisión del Constitucional, la presidenta será desposeída inmediatamente de todos sus poderes al frente del Estado, desde el control del Ejército hasta el derecho a veto o decisiones de política exterior.

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