Por Gloria B. Rolón L.
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El tema para los medios de comunicación pasó casi desapercibido: Un grupo de jóvenes expulsados de un colegio –por indisciplina– lograron su reincorporación vía orden judicial.
Los mil y un debates en torno a la marcha de Fernando Lugo, las disputas, rupturas y reencuentros en el argañismo, el anuncio del vice Luis Castiglioni de candidatarse para las internas de su partido de cara a las elecciones del 2008, e incluso el inicio de la Semana Santa, etc. etc. indudablemente contribuyeron a que la información en cuestión no pasara de ser una más en el montón.
Pero, usted señor, usted señora, coincidirá conmigo en que este es uno de los tantos temas que no deberíamos dejar pasar. Por lo menos no, si lo que queremos es crecer como sociedad, como un cuerpo organizado y responsable de instituciones e individualidades en el que la constante sea el respeto a esas mismas instituciones e individualidades, pero a través de reglas de juego claras y bien definidas.
No soy abogada ni mucho menos, tampoco pretendo sentar cátedra sobre derecho o educación. Mi intención sí es que como padres y madres de familia, como exponentes de la Justicia, representantes de instituciones educativas del país, o como simples ciudadanos responsables y serios, debatamos sobre el tema.
¿Puede un juez inmiscuirse en la organización interna de un colegio o cualquier otra institución educativa del país? ¿Hasta dónde es realmente autónoma la educación en un colegio, una universidad o una escuela privados?
Cuándo una orden judicial transgrede las normas internas de una institución educativa –como lo pueden ser la disciplina– ¿no transgrede también disposiciones constitucionales?
Y, lo que es más importante, con órdenes judiciales, como las que posibilitaron que jóvenes sancionados con una expulsión –por indisciplina, como en este caso– sean readmitidos, ¿no se pervierte todo un sistema educativo?
Indudablemente reflexionar sobre los límites de una orden judicial desprovistos de todo tipo de prejuicios –sabemos que precisamente, en nuestro país, la Justicia no es de las más objetivas e imparciales– se hace más que necesario.
No sé usted, pero yo creo que quienes deberían abrir urgentemente el debate al respecto son los padres de familia y los responsables de los centros educativos de todo el país. Invitar, por ejemplo, al Colegio de Abogados del Paraguay, a expertos constitucionalistas y fundamentalmente a educadores y los encargados de la política educativa paraguaya.
Es que si seguimos pretendiendo ignorar cuestiones tan relevantes como lo acontecido en el Colegio San José, y atendiendo los nefastos antecedentes de judicializarlo todo que tenemos los paraguayos y paraguayas, corremos el serio riesgo de que muchos chicos y chicas pronto egresen no ya al estilo stronista “por orden superior” sino que “por orden judicial”.