Es en referencia a la oficina que se montó en la municipalidad de Pilar a solicitud del diputado colorado, Hércules Pedro Alliana, para lo cual fueron contratados por la Cámara Baja ocho funcionarios.
Indicaron que no estaban al tanto de la instalación de la oficina parlamentaria de Alliana hasta que fue publicada por los medios de comunicación, porque nunca vieron la instalación.
“Los concejales no fuimos electos para controlar asistencia de funcionarios, y menos de la Cámara de Diputados. No hemos confirmado ningún convenio, ningún trámite en el cuerpo colegiado. No voy a apañar ningún problema ajeno”, enfatizó Gutiérrez.
Solicitó a la fiscalía que investigue al respecto y que no tendrá ningún problema en prestar declaración si se abre alguna causa.
Bogado, por su lado, señaló que solicitarán un informe al intendente para aclarar la situación porque consideran que se le involucra incluso a la Junta Municipal, sin que sus miembros fueran comunicados sobre el tema.
Indicó que ni la intendencia ni la Junta, se pueden arrogar funciones que no les corresponde, como es la de fiscalizar o firmar la planillas de asistencia de los supuestos funcionarios y que ese debe ser el trabajo de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
Alliana manifestó de un principio que desde setiembre pasado funciona su oficina parlamentaria en la sede municipal y que para ello cuenta con el permiso de la Junta y que el intendente firma las planillas de asistencia.