En el proceso, que comenzó el pasado jueves pasado con el voto de los presos sin sentencia firme, y siguió el viernes último con el voto en casa para mayores de 50 años o personas con discapacidad de más del 75%, los ecuatorianos designarán al sucesor o sucesora del actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, y a los 137 nuevos integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Ello, luego de que en mayo pasado, Lasso disolviera la Asamblea, de mayoría opositora, cuando se disponía a votar una moción de censura en su contra por presunto peculado (malversación), que él negaba, y pidiera la convocatoria a elecciones, amparado en el recurso constitucional conocido como “muerte cruzada”.
Por ello, los ganadores deberán completar el periodo de Lasso (2021-2025), que decidió no presentarse a la reelección ni presentar listas a la Asamblea.
Así, en la contienda presidencial hay ocho postulantes: la abogada y ex asambleísta Luisa González, candidata del movimiento correísta Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017); el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, y el ex legionario y empresario especialista en seguridad, Jan Topic.
También están en la carrera el indígena ecologista Yaku Pérez, los empresarios Xavier Hervas y Daniel Noboa, el abogado independiente Bolívar Armijos y el periodista Christian Zurita, quien reemplaza a Villavicencio y cuya candidatura está aún a la espera de concluir el proceso de inscripción.
Los votos que se consignen a Villavicencio –cuya foto estará en la papeleta–, se adjudicarán a Zurita, incluso si su inscripción en firme se confirma luego de los comicios, que tendrán una segunda vuelta el 15 de octubre si ninguno logra no menos del 40% de los votos y una diferencia de diez puntos sobre el resto.
PÁNICO. Los candidatos han centrado sus campañas en diversas ofertas para combatir una de las principales preocupaciones de la población: La inseguridad y la violencia sin precedentes que azota a Ecuador, atribuida por las autoridades al crimen organizado y al narcotráfico, que hicieron que Ecuador pasase en apenas cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.
Robos, asaltos, asesinatos a manos de sicarios, extorsiones y secuestros son algunos de los delitos que se escuchan a diario en Ecuador, antes conocido como un reducto de paz en la región, pero ahora convertido en un punto clave de las mafias del narcotráfico para, a través de sus puertos, sacar hacia Europa y Norteamérica grandes cantidades cocaína producida en sus vecinos Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales.
En esa espiral de violencia se produjo el asesinato de Villavicencio, acribillado por sicarios colombianos el 9 de agosto a la salida de un mitin de su campaña electoral, pocos días después de que denunciase públicamente haber recibido amenazas de muerte, presuntamente de uno de los líderes de estas bandas criminales a las que el candidato había prometido combatir sin miramientos.
Villavicencio se convirtió así en el rostro más representativo de este fenómeno que ya se ha llevado la vida de otros políticos, candidatos, alcaldes, jueces y fiscales, principalmente de las ciudades de la costa donde más presente está el tráfico de drogas.
