En esta ciudad de 2,8 millones de habitantes la actividad era escasa. Las personas se movían apuradas mirando de un lado al otro lado tras la inusual ola de ataques del martes, en represalia según las autoridades por el traslado de 1.000 presos de una cárcel controlada por bandas del narco.
Cinco policías murieron y en las últimas horas falleció un hombre por una herida de bala en la cabeza, con lo que subió a seis el número de víctimas por los atentados con explosivos y a bala dirigidos contra instalaciones policiales, gasolineras y un centro de salud.
“Se percibe un poco de temor en las calles, y todo está vacío como si fuera sábado por la tarde en el centro de Guayaquil, sin mucho movimiento de carros”, dijo a la AFP Jorge Arguello, jefe de una empresa editorial.
El hombre de 36 años reconoció que sintió temor de salir por la mañana de su casa al ver que circulaban motocicletas, a las que asocia con bandas de criminales y sicarios.
En pequeños grupos, policías y militares patrullan la ciudad. Operativos conjuntos en la madrugada dejaron 28 detenidos, una decena de armas de fuego, incluidos fusiles, municiones y explosivos.
La ofensiva del martes se extendió a la vecina localidad de Durán y al puerto petrolero de Esmeraldas, en la frontera con Colombia (norte) y adonde se extiende el control de la fuerza pública.
“Se puede ver claramente en la secuencia de los hechos, más de 18 atentados durante el día (martes), que esto ha sido programado de manera deliberada para causar terror en la población ecuatoriana”, dijo el presidente Guillermo Lasso, en declaraciones difundidas el miércoles por la secretaría de Comunicación.
Lasso declaró el estado de excepción en las provincias de Guayas (cuya capital es Guayaquil) y Esmeraldas que incluye un toque de queda.
El narcotráfico tomó vuelo en los últimos años en Ecuador, hasta entonces un lugar de paso de cargamentos ilegales desde Colombia, principalmente. Organizaciones abrieron un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de cocaína desde Guayaquil y otros puertos. Las bandas dominan varias penitenciarias, convertidas en un centro “seguro” de sus operaciones ante la incapacidad del Estado de asumir el control.
