De los 66 diputados presentes, 64 votaron a favor, por lo que el legislador enfrentará el proceso judicial.
Sin embargo, el propio Duré no se animó a votar a favor del desafuero a pesar de que hace más de un mes que viene prometiendo que daría ese paso. El otro diputado que no votó fue el colorado Clemente Barrios, según el registro de la Cámara Baja.
La fiscala anticorrupción Victoria Acuña imputó a Duré por lesión de confianza, al igual que a todos los miembros de la Junta Consultiva del Indert, por la compra supuestamente sobrevaluada de tierras a la empresa San Agustín. Se habla de que en este caso hay un daño patrimonial contra el Estado .
Estas tierras estaban ligadas al senador Jorge Oviedo Matto, quien supuestamente negoció su venta al Indert como parte de un acuerdo con el gobierno de Federico Franco para lograr una alianza electoral entre el PLRA y el Partido Unace, que finalmente fracasó ante la ANR.
El pedido de desafuero fue realizado por el juez penal de Garantías, Rubén Darío Riquelme, de manera que el legislador sea investigado por el supuesto delito de lesión de confianza cometida en el ejercicio de sus funciones cuando se desempeñaba como representante de las gobernaciones en el Consejo Consultivo del Indert.
Ayer, el diputado de la ANR, Ramón Romero Roa, vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que se dieron los presupuestos para el desafuero, por lo que la comisión se pronunció en tal sentido.
Reacción. Por su parte, Duré manifestó que estaba de acuerdo con la decisión, ya que él mismo instó a sus colegas a conceder el pedido del juez de Garantías.
Sostuvo que estaba tranquilo y que se presentará ante la Fiscalía ni bien le requieran.
Expresó que es de relevancia aclarar su situación porque ya se vio afectado en su vida personal y familiar.
“Por qué no voy a tener miedo. Obviamente la debilidad institucional en la República es terrible. Todo es cuestionable, y la Justicia por qué no. También tiene serios cuestionamientos”, indicó al ser consultado si temía por el accionar de la Justicia.
Agregó que el proceso de la compra de tierras a favor de los campesinos por parte del ente agrario fue con buenas intenciones. “Me reafirmo en que si hoy vuelven a pedirme mi voto lo volveré a hacer en el mismo sentido, porque se ajusta a derecho y sobre todo porque no actué de mala fe”, apuntó.
Añadió que la propia Contraloría General de la República, después de un análisis profundo del caso, le da la razón, ya que cada hectárea en la zona cuesta desde G. 26 a 50 millones. “Yo solo quiero que esto se aclare y no voy a correr de la Justicia porque el fuero parlamentario no es para escudarnos para otros fines que no sean políticos”, recalcó.
Duré comentó que espera que en el menor tiempo posible culmine su proceso en donde está seguro que saldrá victorioso.