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Dueña de bus escolar baleado por policías pide G 3.500 millones por daños

Norma Velázquez, conductora del transporte escolar baleado por policías en Areguá, pide un resarcimiento económico de unos G. 3.500 millones. Dos niñas resultaron heridas en aquel procedimiento irregular, lo que derivó en la destitución de jefes policiales.

Se trata de una querella adhesiva que presentó una de las víctimas ante un Juzgado de Luque contra los policías que a finales de febrero persiguieron y balearon el bus escolar que conducía.

Su abogado, Mario Giménez, dijo a Radio Monumental 1080 AM que, si bien el daño ocasionado a su clienta es incalculable, debido a los momentos traumáticos que sufrió cuando su vida y de las niñas que estaban a su cargo corrían peligro, G. 3.500 millones es una cifra razonable como resarcimiento.

Con relación a una posible demanda contra el Estado, explicó que recién se puede entablar una vez que los policías responsables sean condenados. Por ahora, la demanda adhesiva es contra los uniformados.

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“Hasta el momento, ningún responsable de la Policía Nacional se acercó a dar alguna ayuda. El vehículo sigue en la Comisaría, y ella no puede trabajar. Ella es responsable del transporte, y las víctimas pueden pedir un resarcimiento”, argumentó Giménez.

Cinco son los policías procesados por el caso. Todos enfrentan la imputación de asociación criminal, pero dos de ellos, quienes protagonizaron la balacera, son investigados además por lesión grave y tentativa de homicidio.

El abogado querellante aseguró que su clienta está muy afectada por el hecho acontecido. “Ella no puede salir siquiera a la calle porque tiene miedo hasta de su sombra. El daño moral y psicológico es algo incalculable”, refirió.

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Norma Velázquez se animó a trabajar con su vehículo en el rubro de transporte escolar. Sus documentos están en regla y todavía estaba dentro del plazo establecido por la Municipalidad para identificar el bus con algún logo.

Pero en la segunda semana del inicio de clases, cuando circulaba en un barrio de Areguá para dejar a sus últimas pasajeras, sufrió un ataque que truncó su proyecto.

Desde un automóvil la persiguieron a balazos y, como debía resguardar la vida de su compañera de trabajo y de las niñas que transportaba, aceleró hasta que el bus paró por las balas que impactaron en la rueda.

En ese momento, dos hombres a punta de arma de fuego la intimidaron, pero al darse cuenta del grave error y ver a dos niñas heridas, se identificaron como policías. Se trata de Néstor Gerardo Vázquez y Jorge Manuel Cañiza.

Ellos pidieron apoyo a otros tres camaradas para asistir a las víctimas; pero, ante la desconfianza aún latente, llevaron al hospital solo a la de 8 años, con la aprobación de su madre, que llegó rápidamente hasta el lugar y a quien, al ver a su hija ensangrentada, no le quedó más opción que acceder a la "ayuda".

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Además de la intervención fiscal, a raíz del procedimiento irregular, los jefes policiales del Área Central fueron destituidos.

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