Por Anahí Vera
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Documentos de la Armada Paraguaya demuestran que la institución realizó actos de posesión y habitó hasta el año 2004 las tierras de Marina Cué (Curuguaty); por tanto, es inválida la demanda de usucapión que promovió el grupo empresarial Riquelme para apoderarse de las tierras, que actualmente continúan en litigio con el Estado.
Las 2.000 hectáreas de Marina Cué habían sido cedidas gratuitamente por su anterior propietaria, La Industrial Paraguaya SA (LIPSA), el 31 de mayo de 1966, a la V Región Militar, de la Armada Nacional, y la donación fue aceptada por decreto presidencial.
La Armada debía tramitar la escritura pública ante la Escribanía Mayor de Gobierno, por lo que en 1982, ocupando el inmueble, solicitó la escrituración del mismo y reiteró el pedido en tres ocasiones más, la última el 23 de julio de 2004. (Ver facsímil 1).
El asesor jurídico del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Héctor Sosa, explicó que el juicio de usucapión no fue válido porque se necesitan al menos 20 años de ocupación pacífica e ininterrumpida de un inmueble para que se pueda plantear esta medida judicial, una vez vencido ese plazo. Explicó que la Armada estuvo allí, según los registros, hasta el 2004.
Uno de los documentos que prueban la ocupación de la Armada en el lugar, es el Memorándum del 31 de agosto de ese año, que dirigió el jefe del VI Depto. EMA, capitán Mario Arrúa Cuenca, al comandante de la institución, vicealmirante Julio César Báez Acosta, donde hace constar que la Sub Área Naval de Canindeyú verificaba periódicamente el terreno, realizando trabajos de mensura, limpieza y otros trabajos de conservación. (Ver facsímil 2).
Sosa explicó que en este documento la Armada Nacional realizó actos de posesión que interrumpen el plazo de ocupación pacífica.
“Las notas muestran que la Armada realizó estos actos, que interrumpen el plazo de usucapión. Al interrumpir el plazo, el mismo es obsoleto y debe empezar a contarse los años de cero”, explicó.
Otros documentos del 2004 muestran que la Armada hizo una denuncia policial y fiscal de que un grupo de campesinos estaban ocupando parte de la propiedad, con el argumento de que era del Indert, donde explícitamente dice que la Armada estaba ocupando el predio, como consta en la nota.
Sosa refirió que el agravante del juicio es que la Armada Nacional es parte del Estado paraguayo; por ende, no se pueden impulsar acciones de prescripción, porque los bienes del Estado son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
“Si bien el Estado no tituló el inmueble, poseyó el bien, porque realizó actos de posesión”, dijo.
DICTAMEN METEÓRICO. Cuando en el 2004 el entonces presidente, Nicanor Duarte Frutos, a través del Decreto n.º 3.532, declaró el inmueble “De interés social” y lo transfirió al Indert con fines de reforma agraria, estableció que se realicen el deslinde y la mensura judicial para inscribirlo a favor del ente agrario.
Este trabajo debía iniciarse el 31 de mayo de 2005, pero llamativamente y sin ninguna explicación nunca arrancó.
Más llamativamente, seis días después, la firma Campos Morombí inició el juicio de usucapión contra LIPSA, diciendo que habitaba la propiedad desde el año 1970.
FALLO JUDICIAL. Ese mismo día el juez de Curuguaty, Silvio Flores, informó al Indert de la medida cautelar que dictó a favor de Campos Morombí y seis meses después falló a favor del grupo empresarial.
La desidia y la lentitud con la que actuaron los funcionarios del Gobierno para lograr la titulación del inmueble permitieron llegar a la situación jurídica actual, donde el Estado busca recuperar el predio a través de dos juicios que lleva adelante contra la firma del Grupo Riquelme: uno por parte de la Procuraduría y otro del Indert.
Incluso en el informe interno del mismo Indert sobre el caso advierte que la suspensión sin causa de la mensura judicial “indica que existen funcionarios que se han comprometido con los intereses de Campos Morombí SA, y debería tenerse mucho cuidado con la actuación de ellos en las acciones que se ejerzan a futuro para defender los derechos del Estado”.
Las tierras en disputa son simbólicas porque fueron además escenario de la matanza de 17 personas el 15 de junio pasado, cuando un operativo fiscal-policial realizaba el desalojo de un grupo de carperos de las tierras atribuidas a Campos Morombí.
FRANCO YA CONOCÍA LA DOCUMENTACIÓN
El presidente, Federico Franco, había develado la existencia de estos documentos y tras esto dio un mensaje categórico al grupo empresarial Riquelme para que devuelva las tierras en litigio con el Estado, en julio pasado.
“Acá los datos demuestran que no hay usucapión, que se requiere de 20 años de ocupación y el Estado paraguayo tuvo la posesión de Marina Cué hasta el 2004", había dicho Franco el pasado martes, en una entrevista radial.
Refirió que el Gobierno se encuentra en condiciones de demostrar estas afirmaciones.
“Tenemos los días en los que fueron los oficiales, el amojonamiento, la foto satelital, sabemos en qué fecha la familia Riquelme fue a depredar Marina Cué. Están todos los documentos a disposición”, había agregado.
