“Noventa días de plazo a partir del segundo incumplimiento registrado por el deudor es una buena innovación; además de crearse la figura del acuerdo extrajudicial de reorganización. No es el objetivo que la eventual ley sea solo para beneficio de los acreedores, sino generar un plano más consensual donde ambas partes estén más en contacto”, explicó ayer en la Monumental 1080.
Otro elemento que se aportará en la eventual ley es que se regula el sistema con síndicos privados, lo que generará ahorros al Estado, ya que surgirán de sorteos conducidos por el Consejo de la Magistratura, según apuntó.
Los puntos nuevos que se incorporarán, en materia de insolvencia transfronteriza y gobernanza, también fueron consignados por el miembro del directorio del BCP; al tiempo de aclarar que no generará perjuicio para mipymes –tal como muchas voces piensan–, sino que las mismas podrán seguir participando de procesos licitatorios y tomar créditos.
“El proyecto busca que continúe la administración y que la empresa siga en funciones; mientras que los honorarios del síndico serán evaluados en función del porcentaje, que va del 1% al 4% sobre el activo en cuestión, prudencialmente estimado por el juez”, especificó Filártiga.
En resumen, el especialista observó un beneficio para ambas partes con la normativa que podría suplantar a la vigente, además de agregar que el proyecto tiene al menos nueve años de estudio, y que fue bastante socializado con todos los sectores. “En gran medida, aprobar el proyecto significará estar en un escenario mejor”, dijo.
