Sucesos

Directivos de Caja, con sobreseimiento por financiera Karaku

 

La fiscala Victoria Acuña había requerido sobreseimiento definitivo para los imputados José Caballero, Miguel Oro, Ángel Chamorro y Xavier Hamuy, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, acusando únicamente al ex gerente general de la entidad, Rodrigo Amarilla, por el otorgamiento de créditos a partir de la empresa fantasma denominada Karaku SA, instalada en el seno de la entidad. Esta especie de financiera fue constituida con un capital social de apenas G. 4 millones; sin embargo, otorgó créditos por más de G. 15 mil millones, a tasas preferenciales, generando comisiones para la firma Karaku y un perjuicio a la Caja al dejar de percibir los intereses genuinos por créditos.

Tanto el perjuicio patrimonial como el modus operandi fueron corroborados por la propia fiscala Acuña en el requerimiento de acusación del ex gerente. Pero alegó que los directivos no tenían responsabilidad en la operación delictiva, acusando únicamente al funcionario en cuestión.

La querella, que nuclea a varios gremios de jubilados y pensionados bancarios, se opuso al requerimiento y solicitó en el marco de la audiencia preliminar que se imprima el trámite de oposición, a fin de que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General.

Conforme al criterio de la jueza Letizia Paredes, existirían méritos para fundar un requerimiento acusatorio contra los procesados y elevar la causa a juicio oral y público, haciendo lugar a lo peticionado por la querella, por lo que se aguardaba dictamen de ratificación o rectificación de la fiscala adjunta Soledad Machuca para el día 2 de enero del corriente.

Sin embargo, y luego de imprimirse el trámite de oposición, la fiscala Acuña fue confirmada por la propia fiscal adjunta, quien debe expedirse sobre la labor realizada por su colega. Esta situación generó preocupación en los gremios de jubilados, pues se había prometido celeridad en la expedición del dictamen, pero la fiscala Machuca dilata el mismo y además confirma a la fiscala Acuña en el caso, pese a encontrarse acusada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por supuesto mal desempeño en la presente causa.

Pareciera como si una suerte de protección institucional se haya instaurado en el Ministerio Público, teniendo en cuenta los antecedentes de la fiscala Acuña, quien blanqueó a José María Ibáñez y otros, según estos gremios, que están en asamblea permanente y atentos a las movidas del Ministerio Público.

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