El objetivo es estudiar el proyecto de ley que amplía la declaración de situación de emergencia en todos los establecimientos penitenciarios del país, lo que conlleva mayor presupuesto, y define el plan de seguridad penitenciario con el concurso de las Fuerzas Públicas.
La norma ya tiene media sanción del Senado que decidió que la ampliación sería de 120 días más. En principio era de 180 días.
El argumento es que 970 funcionarios podrían quedar sin la renovación de sus contratos si no se promulga la ley. El proyecto recibió muchas críticas por la recontratación de funcionarios, y custodia policial y militar.
Hubo críticas al presidente Mario Abdo Benítez y al ministro de Justicia Alberto Benítez por no haber regularizado la situación y tirar el fardo al Parlamento.
El títular del Ministerio estuvo por el Senado haciendo lobby con los parlamentarios.
“Cuando el Ejecutivo nos quiere joder (...), no pienso formar parte del circo”, sostuvo la senadora progresista Desirée Masi.
Con documentaciones expuso el trasfondo. “No es porque le interesa el concurso de militares nomás. Es porque no hicieron el concurso. Quieren violar el decreto reglamentario y pasar la responsabilidad al Congreso para que seamos quienes hemos violado”, advirtió.