En primer término, el proyecto declara estado de emergencia en todo el país, ante la pandemia del Covid-19, hasta el 30 de junio de 2022, ya que la ley actual terminó su vigencia en diciembre.
Segundo, se extiende la vigencia de la legislación que permite la compra de vacunas, mantener el convenio con hospitales privados y la contratación para reemplazo de personal de salud.
El Senado introdujo además en el artículo 10 autorizar al IPS hasta el 30 de junio de 2022 al pago de compensaciones económicas hasta un monto USD 20 millones a trabajadores formales suspendidos, en aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposos de salud a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19.
Las modificaciones fueron aplicadas luego de las críticas que señalaban que el proyecto abría la canilla al derroche de dinero público, tanto para el gobierno central como para intendentes y gobernadores, muchos de los cuales son investigados actualmente por malversar esos fondos de la emergencia, como el gobernador de Central, Hugo Javier González, y el de Canindeyú, César Ramírez.
División. No se sabe si habrá votos en la Cámara de Diputados ya que muchas bancadas expresaron su descontento con la ley.
El diputado liberal Reynaldo Rodríguez lamentó que no hayan actuado las instituciones de control.
Patria Querida se inclina a la aprobación mientras que Honor Colorado no definió postura.