“Que de esta forma se podría producir un indeseable debilitamiento de las consecuencias jurídicas de la obligación constitucional mandada por el Art. 104 de declaraciones juradas, en una cuestión de carácter netamente administrativa, cuestión que traería consigo una afectación al principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos”, expresa parte del veto del Poder Ejecutivo.
La iniciativa desestimaba la posibilidad de que los datos declarados por los funcionarios del Estado sean publicados de forma automática, vía Contraloría General de la República, sin necesidad de una autorización judicial. Además, establecía que las empresas o personas jurídicas que sean proveedores del Estado también estaban obligadas a rendir cuenta de su patrimonio ante la Contraloría.