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Diputados salvó a docena de intendentes

La Cámara de Diputados salvó este martes a 12 intendentes de distintas localidades de ser destituidos o de que sus administraciones sean intervenidas. De 15 solicitudes de intervención, solo se aprobaron tres conformaciones de comisiones especiales para estudiar los casos.

La Cámara de Diputados aprobó la conformación de comisiones especiales para estudiar las intervenciones en los municipios de Independencia y Coronel Martínez, del Departamento del Guairá, y de Benjamín Aceval, en Presidente Hayes.

Las solicitudes de intervención de las comunas de José Falcón (Presidente Hayes), Tava'i (Caazapá), Paso de Patria, Maracaná, Cerrito, Guazú Cuá (Ñeembucú), San Antonio (Departamento Central) y Juan E. O’Leary (Alto Paraná) fueron rechazadas.

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El pedido de intervención a la gestión de la intendenta de Falcón, Delia Ramírez (ANR), fue tras denuncias de falta de ejecución de proyectos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), sobrefacturación en obras y desfase en su balance contable.

En Tava’i, bajo el mando de Miguel Bogado (ANR), se registraron supuestas obras fantasmas por valor de G. 90 millones. En Paso de Patria (Ñeembucú), pueblo de Rolando Arrúa Acevedo (ANR), hubo un supuesto faltante de cerca de G. 560 millones.

Patricio Ayala (ANR), de Paso de Patria, fue denunciado por irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes municipales en los ejercicios fiscales de los años 2017 y 2018.

El intendente de Cerrito, Alfredo Gayoso (ANR), está imputado por desacato tras incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública.

El jefe de la Comuna de Guazú Cuá, César Sánchez Machado (ANR), fue denunciado por los pobladores por supuestas irregularidades con la ejecución del Fonacide, sobrefacturación de obras, falta de inversión en obras de construcción y pago de pensión alimentaria con recursos de la Comuna.

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Raúl Mendoza, intendente de San Antonio, también se salvó. Está imputado por el faltante de G. 1.200 millones en uso de Fonacide durante su gestión anterior. La denuncia principal en su administración es sobre la construcción de un centro cultural, con sobrecosto de G. 4.002.734.045.

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No prosperaron tampoco las intervenciones al municipio de O’Leary, donde el jefe comunal Francisco Amarilla (PLRA) fue denunciado por, supuestamente, violar la Ley de Contrataciones Públicas, y a Humaitá, donde Víctor Bordoli fue denunciado por administrar a su antojo la única ambulancia del centro de salud de la zona.

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Por un periodo de ocho días se aplazó el estudio del informe tras la intervención en San Carlos del Apa, Departamento de Concepción, y al intendente Higinio Fernández Riquelme.

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