Los proyectistas indicaron que presentaron la normativa, por un lado para frenar la gran cantidad de pedidos de pensiones graciables que se presentan y que en la mayoría de los casos se aprueban por excepción de la ley al no cumplir con todos los requisitos exigidos, y por otro lado, para realizar un profundo análisis de esta normativa que ha tenido un fin loable pero que ha sido totalmente distorsionada en su aplicación.
La pensión graciable al ex futbolista Julio César Romero, aprobada semanas atrás y que generó una serie de reacciones trajo al tapete la discrecional entrega del subsidio por parte de los congresistas.
De acuerdo a los datos suministrados por los legisladores, son 404 las personas que perciben pensiones graciables del Estado, que insume el monto de G. 6.232 millones anuales.
El objetivo de las pensiones graciables es otorgarlas a las personas que las merezcan por los diversos servicios que hayan prestado a la nación, habiendo realizado algún acto heroico, que haya aportado algún servicio a toda la comunidad o en beneficio de gran parte de ella.
Sin embargo, en los últimos tiempos se otorgaron casi sin analizar minuciosamente, caso por caso, los méritos de los beneficiarios de las pensiones graciables.
“No estamos hablando de sacarles a esos beneficiarios, pero probablemente después también, ley mediante, se establezca quién es el órgano encargado, porque evidentemente no cumplimos la función de verificar quiénes van a ser los beneficiarios. En las diferentes regiones existen personas merecedoras, pero hemos pasado el límite y tenemos que reconocer y hacer mea culpa nuevamente al respecto y tratar de mejorar y creo que con la derogación vamos a mejorar”, argumentó a favor de la iniciativa Basilio Núñez, líder de la bancada cartista.
La Ley 4027/10 fue creada para regular la concesión y aumento de pensiones graciables, y establece en uno de sus artículos que podrán acceder al subsidio las personas mayores de 60 años, imposibilitadas de generar los ingresos necesarios para una vida digna.
También señala que el beneficiario debe haber prestado significativos servicios al país, haberse destacado en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales. Ser ascendiente de conscriptos fallecidos en acto de servicio, que la pensión no supere el salario mínimo vigente y no sea menor al 70% del salario mínimo.
SUSPENDER. El diputado liberal Édgar Acosta recordó que en el 2013, apenas asumió como legislador, solicitó la suspensión de la entrega de pensiones graciables, pero que obtuvo el rechazo total de sus colegas. Solicitó nuevamente a sus pares aprobar una suspensión y no una derogación de la ley, atendiendo que la culpa no la tiene la normativa en sí, sino los parlamentarios que sancionan pensiones graciables con excepciones.
“El 80% de las pensiones graciables entran con excepción de la ley, significa que no cumplió la ley, o no tenía la edad o no cumplía con los requisitos para que se le otorgue la pensión”, lamentó, para finalmente acompañar la derogación.
Por su lado, el también cartista Tadeo Rojas señaló que es el Estado, por medio de otras instituciones, el que debe de cubrir las necesidades de las personas a las que se les concede una pensión graciable. “Si vamos a otorgar pensiones por problemas de salud realmente estamos saliendo de lo que debe ser la ley”, acotó.
El único que se manifestó en contra de la derogación fue el liberal, Pastor Vera Bejarano, quien dijo que se debe de cumplir la ley y dejar de exceptuar. “Con esa lógica de derogar una ley, porque nosotros no cumplimos los requisitos, entonces vamos a derogar otras leyes, me parece que es un desacierto”, aseveró.
Sugirió que el proyecto se derive a comisión y sea analizado y mejorar en todo caso los requisitos para otorgar las pensiones graciables.
Su propuesta no prosperó y la derogación fue aprobada y pasa a consideración de la Cámara de Senadores.
404
personas son las que actualmente perciben pensiones graciables del Estado, concedidos por el Congreso.
6.232
millones de guaraníes es el monto anual que insume al Estado pagar por las 404 pensiones graciables.
Sancionan USD 400 millones en préstamos para obras
Un largo debate se generó ayer al momento de aprobar dos millonarios créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para obras de infraestructura.
La mayoría de los legisladores hicieron uso de palabra para apoyar los USD 300 millones por un lado y USD 100 millones por otro, con la intención de quedar bien con las comunidades que serán beneficiadas con las obras.
La única legisladora que se opuso a ambas iniciativas fue la liberal, Celeste Amarilla. Argumentó que el país está en quiebra y se sigue aumentando la deuda y el Gobierno debe considerar dejar de vivir de préstamos. “De estos créditos, de los famosos proyectos, un porcentaje va a parar en los bolsillos del ministro, de sus alrededores”, remarcó.
Con los 300 millones se planea la construcción de la defensa costera de la ciudad de Pilar, el puente Asunción- Chaco’i, conservación de caminos rurales no pavimentados, el edificio central del Ministerio de la Niñez, entre otros. Mientras que con los 100 millones se realizará la construcción de viviendas en la zona del Bañado Sur en Asunción.