Política

Diputados chicanean proyecto que busca frenar las chicanas jurídicas

Varios legisladores que tienen procesos judiciales pendientes, como Carlos Portillo, Justo Zacarías Irún y otros, decidieron remitir el documento a una comisión especial y alargar el proceso.

La intención de evitar que las chicanas jurídicas, como la recusación de fiscales, sigan en el orden del día impidiendo así que los procesos judiciales continúen con normalidad, fue chicaneada ayer por una mayoría de la Cámara de Diputados, que tenía previsto estudiar el planteamiento.

A solicitud del diputado oficialista Éver Noguera, el proyecto de ley que modifica el artículo 57 del Código Procesal Penal (inhibición y recusación) no fue tratado y fue remitido a la Comisión Nacional de Reforma de Penal.

El objetivo del proyecto es que las recusaciones ya no pasen a consideración de la Corte Suprema de Justicia.

El único argumento del diputado colorado fue recordar la existencia de la Comisión y que los proyectos de carácter jurídico son enviados a dicha instancia. “Como se trata de la modificación del Código Procesal Penal, tenemos una comisión especial que estudia la reforma penal. Que sea remitido a la comisión para su dictamen correspondiente, porque es la práctica que se viene realizando en la Cámara”, remarcó Noguera.

De esta manera, el estudio del documento fácilmente llevará unos dos años, según mencionó la diputada proyectista, Rocío Vallejo, quien justamente preside la Comisión Especial.

Diputados chicaneros con sus propios procesos judiciales, como el caso de Tomás Rivas y Carlos Núñez, se ausentaron al momento de la votación.

Vallejo manifestó que le gustaría que también se declare en emergencia la Justicia, “porque la Justicia está en emergencia y lo vengo expresando desde hace mucho tiempo y uno de los problemas principales de la Justicia es la recusación en masa a fiscales”, lamentó.

La diputada indicó que existen cuestiones impostergables y explicó que a pedido de la Cámara de Senadores se decidió que la Comisión Especial analice primero el paquete de proyectos conocido como antilavado y que eso tiene un proceso de por lo menos un año, por lo que “dentro de dos años por ahí ya vamos a tener algo para la situación de emergencia de la Justicia”, aseveró.

Pidió a sus colegas que dejen de llenarse la boca de que el problema es la impunidad, cuando se pretende chicanear un proyecto que busca evitar justamente las chicanas. “Vamos a enviar a una comisión que si Dios permite va a dictaminar para fin de año, pero sabemos que el tratamiento puede durar otro año más como mínimo. Entonces pregunto si de verdad queremos un cambio en la Justicia. No, ¿verdad?, se respondió finalmente.

Una mayoría de 36 diputados, colorados y liberales, decidieron que el documento vaya a la Comisión Especial.

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