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BUENOS AIRES, ARGENTINA
La Cámara de Diputados aprobó ayer al proyecto de ley de estatización del sistema de pensiones que tiene el fin de transferir al Estado los fondos de dólares que hasta ahora manejan 10 aseguradoras privadas.
La iniciativa, que ahora pasa al Senado, fue aprobada en la madrugada por 160 votos a favor y 75 en contra luego de al menos 14 horas de debate y con duras recriminaciones entre legisladores oficialistas y opositores.
Poco después, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 6,22%, mientras que el dólar mantuvo su cotización de 3,33 pesos por unidad.
El 21 de octubre, cuando se anunció la reestatización del sistema, el índice Merval cayó 10,52%.
“Para cualquier Estado y para este Gobierno y los que vendrán, la sola eliminación de este sistema perverso es una buena noticia para planificar un país”, dijo Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista Frente para la Victoria.
ÚNICO RÉGIMEN PREVISIONAL. El texto del proyecto enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández el 21 de octubre establece en su primer artículo la eliminación del sistema privado y la creación de un único régimen previsional, que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El opositor Federico Pinedo, del bloque Propuesta Republicana, calificó al proyecto como “una vulneración al derecho de propiedad. Creo que no tuvimos tiempo para la discusión. Estamos discutiendo cómo llevarnos rápido la plata para los jubilados al Estado y al manotazo fiscal”.
En caso de prosperar, la nacionalización implica el traspaso al Estado de los 23.000 millones de dólares que controlan las aseguradoras, además de los 5.000 millones de dólares que aportan cada año los afiliados al sistema previsional.
Al mismo tiempo, el proyecto garantiza a los 9,5 millones de afiliados del actual sistema privado “la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Sin embargo, el futuro manejo de los fondos es lo que ha generado las mayores controversias.
Mientras la presidenta argumenta que la medida busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad de los fondos privados como consecuencia de las crisis global, los analistas privados creen que el propósito es asegurarse el financiamiento de sus vencimientos de deuda para los próximos tres años, que suman unos 28.000 millones de dólares.
La oposición estima que la iniciativa es confiscatoria y propiciaría que el Ejecutivo haga un uso discrecional de los fondos que perjudicaría a los afiliados.
“El Gobierno dice que tiene las cuentas en orden, pero pega un manotazo fiscal”, subrayó el diputado opositor Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica.
CON CAMBIOS
Ante los cuestionamientos, el Gobierno introdujo cambios en el proyecto inicial y así logró al apoyo de algunos legis-ladores no oficialistas.
Entre las modificaciones, incluyó un artículo que establece que la totalidad de los recursos transferidos a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) "únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del SIPA”. Pero establece que el superávit -los fondos que queden tras el pago de haberes- “se invertirán de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados”. El texto aclara que queda prohibida su inversión en el exterior.
Para dar mayor transparencia al manejo de recursos accedió a la creación de un “consejo del fondo de garantía de sustentabilidad” del sistema público.