El diputado Édgar Ortiz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), anunció que presentará un proyecto de ley que permita la portación de armas de fuego en los vehículos.
El objetivo –según el parlamentario llanista– es hacer frente a la inseguridad ante el aumento de asaltos y robos. Con el proyecto –explicó– todos los ciudadanos, con un examen sicológico, podrán ser portadores de armas.
Ortiz señaló que nadie está haciendo nada al respecto de la inseguridad, por eso decidió presentar el proyecto y pidió a los demás diputados apoyar y firmar.
“Para que demos una gran ayuda a la Policía Nacional, en caso de que veamos un asalto, con un examen sicológico, podamos ser todos portadores de armas y hacer una ayuda a la fuerza policial”, expresó el legislador de Itapúa.
Aumento de pena. Ortiz además presentó un proyecto de ley que aumenta la pena de cárcel a 70 años para los secuestros y otros crímenes.
“No sé si se justifica o no la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Siguen los secuestros. Ahora hasta se secuestra a los peones. Me mantengo en que si no endurecemos las penas, no mejorará el panorama”, expresó.
Puso de ejemplo el caso de Carmen Villalba, miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que ya cumplió su sentencia en el Buen Pastor por el secuestro de María Edith Bordón, y que solo sigue presa por otro caso de intento de homicidio a tres agentes policiales; de lo contrario, estaría libre.
De este modo, quiso justificar la presentación del proyecto.
El liberal anunció esta propuesta como un reemplazo de la anterior, que hablaba de legalizar la pena de muerte para los casos de secuestro, abuso y feminicidio, con lo que Paraguay debía retirarse del Pacto de San José de Costa Rica, pero como encontró un impedimento constitucional, decidió plantear solo la elevación de pena.
Este planteamiento desencadenó una serie de críticas hacia el legislador liberal; sin embargo, antes que él, el diputado líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, ya había hablado del asunto.
La primera traba que se puso de manifiesto fue que cuando se trata del derecho a la vida, la Constitución Nacional no permite una enmienda, según el artículo 290.
Cabe recordar que el año pasado la fiscala Raquel Bordón imputó al diputado Ortiz por la violación de la cuarentena sanitaria por Covid-19 y resistencia. El parlamentario protagonizó una discusión con agentes en una barrera sanitaria en el distrito de Cambyretá, Departamento de Itapúa. El legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) casi atropelló a un agente que realizaba los controles de circulación ante la cuarentena sanitaria para frenar el avance del Covid-19.