Antes de la aprobación de la ley de Superintendencia, en varias ocasiones del día miércoles se puso en duda la mayoría que hasta allí acostumbraba tener cómodamente el cartismo en la Cámara.
Solo a la hora de la extraordinaria de las 13:30 del miércoles, tras la cual se coló el tratamiento de la ley de Superintendencia sin previo aviso a toda la Cámara y violando el reglamento, se tuvo la certeza de que no solo por convencimiento algunos fueron a votar, ya que se desprenden los casos de diputados que están en la mira judicial, como es el caso del diputado Rubén Rousillón, recientemente desaforado.
Rousillón formó parte de los 42 diputados que apoyaron la polémica medida que para un sector de la sociedad es para que el gobierno tenga la posibilidad de meter mano de los fondos previsionales, dado que la caja de jubilaciones del IPS es la única que tiene liquidez en la actualidad.
Así también, el ex gobernador del Departamento de Presidente Hayes, que pertenecía a la bancada de Fuerza Republicana súbitamente hace un par de semanas se pasó a filas del cartismo junto con otros seis colegas suyos que tomaron esa misma determinación.
Este traspaso al oficialismo colorado además coincide con su situación judicial, dado que la semana pasada el juez Rubén Ovelar remitió un oficio a la Cámara Baja, en el que solicitaba el desafuero del citado diputado.
En una maniobra llamativa, al día siguiente Rousillón ya siendo parte del cartismo, pidió su desafuero el cual le fue otorgado en sesión ordinaria. Dijo ponerse a disposición de la Justicia “como un ciudadano común”. No obstante, Rousillón está salpicado por la causa que enfrenta el ex gobernador Óscar Ñoño Núñez, y la sentencia se dilata desde hace nueve años.
Caso. En el caso particular de Rousillón, el fiscal Luis Said, de la Unidad de Delitos Económicos, acusó en marzo pasado al actual diputado, en carácter de cómplice por la efectivización irregular de 42 cheques de la Gobernación de Presidente Hayes durante la administración del entonces gobernador, Ñoño Núñez.
En este caso, según la Fiscalía, el daño patrimonial ascendió a G.853 millones.
Su esposa, Nancy Núñez de Rousillón, igualmente tiene un panorama complicado –y estaba pendiente de la sentencia que la justicia debía dictar ayer– que también forma parte de los procesados en la causa 30/14 caratulada como Venancio Núñez y otros sobre lesión de confianza.
El perjuicio que halló la Fiscalía cometió este esquema fue de G.55 mil millones y la expectativa de pena era de 15 años.
Cercanía. Rousillón, sus colegas Fran Petersen, Carlos Núñez Salinas, además del cartista ex Cruzada Nacional, Játar Oso Fernández lograron un día después del avasallamiento de la ley, entrevistarse con el vicepresidente Pedro Alliana.
Alliana, quien maniobró el miércoles para conseguir los votos para la ley desde su rol de nexo con el legislativo, en un fuerte simbolismo, posa abrazado a Rousillón.
