La legisladora se mostró en contra de que se reforme la Carta Magna sin un acuerdo político, lo que no se tiene en el contexto actual.
“¿Qué queremos cambiar de nuestro pacto político de convivencia? Si no respondemos y debatimos acerca de esta pregunta, no podemos arriesgar abrir una alternativa como esa. Es peligroso”, manifestó.
Desde el Partido Colorado, algunos referentes como el diputado cartista Walter Harms introdujeron la discusión a la escena pública, invocando incluso la necesidad de incorporar la reelección, por vía de la reforma constitucional. Pero los partidos de oposición se pronunciaron rechazando la posibilidad, como también lo hizo el abdismo.
Una reforma constitucional necesita de reglas definidas, según recalcó la diputada González. “¿Acaso existen sectores políticos y ciudadanos discutiendo modelos y cambios puntuales? No hay. Para intentar algo como eso, debe existir un pacto político con reglas claras y mucha participación ciudadana; de lo contrario, sería abrir una caja de Pandora que nos puede explotar a los ciudadanos en la cara. Reforma constitucional sin debate previo es lo peor que le puede pasar a nuestra frágil democracia”, destacó.
En tanto que el rechazo de González deviene de la coyuntura actual, no de una oposición hacia la reforma de la Constitución en esencia.
La diputada plantea propuestas basadas en figuras que a su criterio deben ser contempladas en la Carta Magna, como el balotaje (segunda vuelta), la revocatoria de mandato, la supresión de las gobernaciones, la creación de un parlamento unicameral que incluya una cámara contralora formada por ciudadanos, una reforma del sistema de Justicia, un tribunal constitucional, entre otros puntos.
Reforma del Estado. En tanto que con más fuerza se discute actualmente la posibilidad de una reforma del Estado, para la que todos los sectores están de acuerdo. El cartismo puso foco en un proyecto próximo de descentralización.
No obstante, González sostiene que no existe voluntad real de cambio, ya que la burocracia actual favorece los intereses de estos sectores. Además apuntó que el Poder Ejecutivo no tiene autoridad moral para encarar la reforma.